Mostrando entradas con la etiqueta Mujer y desigualdad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Mujer y desigualdad. Mostrar todas las entradas

domingo, 21 de agosto de 2011

Chihuahua: repuntan feminicidios; exigen declarar alerta de género


Han sido asesinadas 15 mujeres en la entidad desde el pasado día 4; ayer, tres ejecuciones
Muchos de esos crímenes están ligados a la delincuencia organizada, dicen funcionarias estatales
Esa es una visión simplista, revira activista, y señala que autoridades maquillan cifras
Miroslava Breach Velducea
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 5
Chihuahua, Chih., 20 de agosto. Dos mujeres fueron asesinadas hoy en esta capital, lo que incrementó a 15 el número de feminicidios cometidos en la entidad a partir del pasado día 4, según cifras del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, AC.
La directora de esa organización no gubernamental, Luz Estela Castro, apremió a las autoridades estatales y federales y a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos a declarar la alerta de género en Chihuahua.
Los feminicidios de hoy se cometieron en la madrugada, cuando dos mujeres jóvenes caminaban por la calle Venceremos y 17, colonia Comité de Defensa Popular, en el norte de la ciudad, y fueron alcanzadas por los ocupantes de un vehículo. Aunque corrieron en busca de refugio, recibieron disparos de armas de grueso calibre y cayeron muertas. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.
En otro sector de la capital estatal, una tercera mujer recibió varios disparos que la dejaron herida, por lo que fue trasladada a un hospital.
La ola de ataques más recientes contra el género femenino comenzó el 4 de agosto, cuando una mujer fue asesinada a golpes y violada en las inmediaciones de un parque infantil.
Entre el 5 y el 8 del mismo mes, dos mujeres resultaron acribilladas y dos más murieron en un restaurante, todas en la ciudad de Chihuahua.
En Ciudad Juárez, el recuento incluye a ocho víctimas, entre ellas una médica que prestaba sus servicios en el penal municipal y fue acribillada este sábado junto a su marido, de la misma profesión.
En Parral, sicarios mataron el martes pasado a Leticia Rojas Martínez en la clínica del Seguro Social. Su hija resultó herida.
Además del incremento en el número de homicidios, la ONG documentó 121 casos de violación de mujeres –muchas de ellas víctimas de ataques tumultuarios–, cometidos de mayo de 2010 al mismo mes de 2011.
Ema Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, sostuvo que se elevaron notablemente los índices de violencia hacia las mujeres debido a que muchas se han involucrado en actividades del crimen organizado, además de que aumentó el número de las que consumen drogas.
Con lo anterior coincidió Lucía Chavira, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de la capital del estado, quien ligó la ola de violencia hacia las mujeres a que muchas, por necesidad económica, se involucran con el crimen organizado.
Integrantes de HIJOS protestan frente a la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal por los asesinatos de mujeres en ese estadoFoto Marco Peláez
Chavira resaltó la necesidad de desarrollar proyectos productivos que permitan al género femenino contar con opciones para obtener ingresos lícitos.
Sin embargo, Luz Estela Castro sostuvo que la política gubernamental de combate a la inseguridad es de simulación, pues se maquillan cifras y se privilegia el manejo mediático, pero no se ha querido atender la problemática de violencia hacia las mujeres y se enfoca en el combate a delitos patrimoniales, como el secuestro y la extorsión, mientras se descuidan los ilícitos cometidos por motivos de género.
Agregó que el problema tiene una raíz concreta en que la política de seguridad ciudadana es ajena a los derechos humanos, y quienes ahora toman las decisiones desde los consejos nacional y estatales están conformados por hombres o mujeres sin perspectiva de género, que sólo miran delitos específicos.
“Cuando surgió la ola de feminicidios en los años 90 se decía que a las mujeres las asesinaban por su estilo de vida, por putas. Ahora las asesinan por narcas. Es una visión simplista que invisibiliza el fenómeno, donde hay un alto número de violaciones sexuales, asesinatos y desaparición ligado a la trata de blancas”, recalcó Castro.
Denunció que el gobernador César Duarte Jáquez y la secretaria de Gobierno, Graciela Ortiz, de quien depende directamente el Centro de Justicia para las Mujeres, han dejado sin recursos ni capacitación a este organismo, cuya creación fue un anhelo y una demanda de las organizaciones civiles, y no permiten que opere correctamente para analizar a fondo el fenómeno de violencia hacia las mujeres, con el fin de atenderlo, prevenirlo y erradicarlo.
Esas cifras de mujeres asesinadas o ultrajadas, agregó, pasan inadvertidas para las comisiones de Feminicidio y de Equidad y Género del Congreso local, que se han dedicado a avalar las propuestas de reformas legislativas enviadas por el gobernador para endurecer penas y desmantelar el sistema de justicia penal acusatorio y descalificar a las ONG porque no están de acuerdo con esas políticas, sostuvo.
Ha llegado el momento de hacer realidad la alerta de género, ya no se pueda esperar más, insistió.

sábado, 6 de agosto de 2011

Pobres argumentos de funcionaria sobre violencia familiar en Yucatán

 
Miguel Concha
La Jornada en linea
omo resultado de años de trabajo y de la acción decidida de diversas organizaciones civiles que forman parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), así como de la voluntad mostrada por el gobierno, el Tribunal Superior de Justicia ...
Ver todos los artículos sobre este tema »
No tienen "bola de cristal"
El Diario de Yucatán
"Es lamentable el feminicidio, pero el Instituto no tiene una bola de cristal para saber quiénes sufren del maltrato y de violencia extrema familiar", señaló la funcionaria durante una entrevista sobre la historia de maltrato y agresiones que sufría ...
Ver todos los artículos sobre este tema »

El Diario de Yucatán
"Las mujeres o la bola de cristal"
El Diario de Yucatán
"Indigna escuchar sus pobres argumentos, sobre todo porque provienen de una investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán", dijo la profesora Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Nacional del Feminicidio. ...
Ver todos los artículos sobre este tema »

El Diario de Yucatán

jueves, 4 de agosto de 2011

“Inaplicable”, tipificación del feminicidio en Tamaulipas: OCNF

-- Reforma “inconstitucional” y contraria a las mujeres

Por Chantal Martínez Díaz, corresponsal

Ciudad Victoria, 4 ago 11 (CIMAC/Red Tamaulipas).- La tipificación del delito de feminicidio en el estado de Tamaulipas es “inoperable e inaplicable” para comprobar y castigar los asesinatos de mujeres en la entidad, la tercera más violenta contra las mexicanas a escala nacional, advirtió Yuriria Rodríguez Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada especialista en violencia de género y Derechos Humanos (DH) dijo que incluso la reforma penal aprobada por el Congreso local el pasado 15 de junio es “inconstitucional”, toda vez que transgrede el principio de igualdad ante la ley al excluir a las mujeres como posibles feminicidas.

Rodríguez Estrada alertó además que con la inadecuada tipificación del feminicidio “se exonera al Estado de su responsabilidad” en la investigación y castigo de los crímenes.

Para colmo, abundó, tras las tipificaciones en seis entidades del país (Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Morelos y DF), “va a haber mujeres de primera y segunda clase, mujeres que sí merecen que se investiguen sus asesinatos, familias que tienen derecho a obtener la reparación del daño, no sólo económica, sino al derecho a la verdad y a saber qué le pasó a esa mujer, y habrá otros (casos) que simplemente se desecharán”.

Lo anterior, al referirse a que en cada uno de los procesos legislativos la acreditación del tipo penal fue diferente. 

“DIFICIL COMPROBACIÓN”

De acuerdo con un informe del OCNF, de 2009 a 2010, 309 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México, 125 en Sinaloa y 103 en Tamaulipas.

Yuriria Rodríguez recalcó que la ausencia de consulta a expertas, familiares de víctimas, investigadores y organizaciones de la sociedad civil en el estado, dio pie a una reforma apresurada que adicionó el artículo 337 bis al Código Penal y modificó el párrafo cuarto del artículo 109 del Código de Procedimientos Penales.

En este último artículo se agregó al feminicidio como un delito agravado, lo cual quiere decir que sigue existiendo la figura del homicidio que primero debe comprobarse y después ver su agravante.

La activista explicó que el artículo 337 bis establece: “Comete delito de feminicidio el hombre que dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de género. Será sancionado con prisión de 30 a 50 años y multa de mil a cinco mil días de salario”.

La abogada apuntó que esa reforma excluye a la mujer que cometa un feminicidio, lo cual resulta inconveniente cuando en la mayoría de casos se desconoce quiénes son las o los agresores.

Rodríguez Estrada también observó que con la adición del artículo 377 bis del Código Penal del estado se tienen que acreditar tres circunstancias especiales que son “sumamente complicadas”.

Primero, aclaró, se debe comprobar que sea un hombre el que prive la vida de una mujer; segundo, que lo haga con uso extremo de violencia y dolosamente, y tercero, que además de eso asesine a la mujer por “razones de género”.

La integrante del OCNF dijo que igualmente difícil de acreditar será cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo y se le hayan infringido lesiones degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida.

“Son obstáculos y candados que a la larga perjudican a las propias mujeres”, apuntó. Puso como ejemplo el caso de una mujer que nunca denunció pero sufrió durante determinado tiempo violencia física, sexual y psicológica hasta que el agresor de repente llega y la mata.

“Este caso no entra en las aplicaciones de la ley, pues en el momento no se comprueba el uso extremo de violencia porque no fue denunciada a tiempo. El operador jurídico (Ministerio Público) va a decir que no puede acreditar este tipo de violencia y lo manda como homicidio simple”.
 
Otro elemento de difícil acreditación, de acuerdo con la abogada, es el de los antecedentes de violencia moral y acoso contra la víctima. “En este caso se obliga a que existan testigos que manifiesten que realmente hubo un acoso o una violencia contra las mujeres y además, no se tiene claro cuál es el concepto de violencia moral”, acotó.

Con lo anterior, subrayó, la tipificación del delito es “inoperable”, porque “si no cumplo cualquiera de las circunstancias en ningún caso se va a poder acreditar el feminicidio y pasa como en Guatemala, que de 600 asesinatos, sólo 18 casos se han consignado como posibles casos de feminicidio y sólo ha habido una sentencia”.

“A una mujer se le mata y no hay más. En el feminicidio se ven inmiscuidas todas estas circunstancias, no importa si la mujer era drogadicta, si pertenecía al crimen organizado, si era ama de casa, trabajadora sexual o empleada, era una mujer con derecho a la vida sin violencia y a la justicia, y lamentablemente estos tipos de tipificación hacen que se caiga en un vacío en donde va a ser un tipo reconocido pero inaplicable”.

miércoles, 3 de agosto de 2011

Busca PGR a 525 mujeres y niñas desaparecidas



La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el paradero de 525 mujeres mayores y menores de edad reportadas como desaparecidas en todo el País, y quienes podrían haber sido víctima trata de personas, explotación o abuso sexual.
 
MÉXICO, D.F.(Agencias)La Procuraduría General de la República (PGR) investiga el paradero de 525 mujeres mayores y menores de edad reportadas como desaparecidas en todo el País, y quienes podrían haber sido víctima trata de personas, explotación o abuso sexual.

Así lo reveló la titular de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA), Sara Irene Herrerías Guerra, quien indicó que las primeras desapariciones registradas a nivel federal datan de Ciudad Juárez hace unos años.

Indicó que con la creación de FEVIMTRA, el 1 de febrero del 2008, se concentraron esos expedientes y se inició con la recepción de otros casos de mujeres que no volvieron a sus hogares y que podrían haber sido víctimas de algún engaño o secuestro.

''Son casos de jóvenes o menores desaparecidas, de familias que no encuentran a su hija y vienen con nosotros y se abre un expediente administrativo, a veces son los padres los que vienen o a veces son las Procuradurías locales quienes nos piden el apoyo por la capacidad de movilización que tenemos'', indicó.

De acuerdo con la estadística de la Fiscalía, de 2008 a la fecha se han registrado los casos de por lo menos mil 15 desapariciones de mujeres, de las cuales 490 ya fueron encontradas y devueltas con sus familiares.

En 2008 fueron encontradas 87 mujeres perdidas, en el 2009 se encontraron 105, en el 2010 se localizó a 190, y en el primer semestre del presente año 108 ya fueron ubicadas y recuperadas.

No obstante, los datos revelan que 535 desaparecidas continúan sin ser ubicadas en el País, pese al trabajo que se ha realizado para encontrarlas.

''Hay mujeres adultas entre las víctimas pero muchas son niñas o menores, hemos estado trabajando en materia de inteligencia porque son casos que nos preocupan mucho'', indicó.

La fiscal explicó que en los casos donde las mujeres desaparecieron a manos de bandas de tratantes, primero se dio una ea de engaño o seducción en la que los delincuentes sacan de sus hogares a las víctimas con falsas promesas de amor o una mejor situación económica, y luego no les permiten volver.

No obstante, advirtió que desde hace dos años se han venido incrementando los casos en los cuales las víctimas, sobretodo menores de edad, son engañadas a través de recursos tecnológicos como el Internet, en páginas de redes sociales o en las conversaciones conocidas como chats.

''Hemos detectado que esta modalidad es la que va en aumento, yo podría decir que el 80 por ciento de estas niñas, de las desaparecidas, fueron captadas por estos medios electrónicos'', indicó.

Explicó que algunas afectadas refieren que abandonaron sus hogares voluntariamente tras haber sido captadas en internet por sujetos mayores de edad que las enamoran, describiéndose como no son, y que luego les impiden regresar a sus hogares.

''Cuando tenemos los casos de las niñas desaparecidas, lo primero que le pedimos a los papás es la dirección de correo electrónico y del perfil de la red social, y normalmente obtenemos una idea de lo que sucedió'', indicó.

Herrerías Guerra hizo énfasis en la importancia de que los padres desechen la idea de sus hijos menores se encuentran seguros por el sólo hecho de estar en casa, y en cambio verifiquen periódicamente las páginas por las cuales navegan y la información y conversaciones que comparten.

"Desde FEVIMTRA estamos tratando que en algunas portales de correos y redes se den imágenes de aviso y de prevención de la trata, de cuidado con quien te vayas a conectar porque puede ser un tratante o en todo caso un abusador sexual o violador", concluyó.

jueves, 21 de julio de 2011

"Irresponsable” afirmar que feminicidio se resuelve en 2 meses

-- OCNF acusa interés electoral de Peña Nieto

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 20 jul 11 (CIMAC).- La coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, calificó de “irresponsable” al procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, por afirmar que antes de que concluya la gestión del gobernador Enrique Peña Nieto quedará resuelto el 85 por ciento de casos de feminicidio en la entidad.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada señaló que las declaraciones del procurador reflejan que Peña Nieto reconoce la gravedad de la violencia de género en el Edomex (donde en cinco años de su gobierno han sido asesinadas 922 mujeres), por lo que ­acotó­ los casos tendrían que resolverse de fondo y no de manera superficial como pretende la PGJEM.

Ayer, Castillo Cervantes señaló a medios de comunicación que en los últimos seis meses se han esclarecido 200 casos y que en los dos meses que restan de la administración de Peña Nieto, la PGJEM prevé esclarecer entre 60 a 70 asesinatos más, con lo que quedará resuelto el 85 por ciento de los casos en el estado.

Para María de la Luz Estrada, esta “rapidez” para resolver los asesinatos dolosos de mujeres habla de “la irresponsabilidad del gobierno mexiquense ante un problema tan serio”, toda vez que no se dice de qué manera se están solucionando y donde están los responsables.

La activista explicó que en el OCNF se tienen registrados casos del año pasado sin resolver, los cuales muestran grandes deficiencias en la investigación, como la pérdida de evidencias.

Luz Estrada aclaró que tampoco se ha indicado cómo se están resolviendo los casos de mujeres no identificadas, no se dice cuáles son los móviles de los asesinatos, si las asesinaron conocidos o desconocidos, es decir ­insistió­ “volvemos a simular que resolvemos y no resolvemos nada”, cuándo lo único que se busca es sacar avante una cuestión electoral.

Abundó que al faltar un diagnóstico sobre el problema no se sabe dónde ésta la falla para que en 523 asesinatos (56.7 por ciento de los 922 registrados de 2005 a 2010 por el OCNF) se desconozca quién es el asesino, por lo que consideró necesario crear un equipo forense especializado.

La experta remarcó que es necesario elaborar un diagnóstico que muestre las deficiencias en el sistema mexiquense de justicia para poder corregirlas, ya que hasta el momento no se está entrando de fondo al problema y las mujeres continúan sin acceso a la justicia.

“Al parecer lo que se busca es que quede limpia la salida del candidato presidencial”, con lo que nuevamente caemos en la simulación de que hay solución cuando la realidad muestra otra cosa. Recordó que el OCNF ha solicitado los expedientes de los casos pero la Procuraduría rechaza la petición.

Cabe recordar que en noviembre de 2010, el procurador mexiquense se reunió con la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, y afirmó que en lo que va de la administración de Peña Nieto se registraron 597 asesinatos dolosos de mujeres. En el 56 por ciento de ellos ­precisó el funcionario­ se desconocía al responsable.

De igual manera, detalló que en 2010 únicamente 18 averiguaciones sobre asesinatos de mujeres fueron cerradas y 113 iniciadas, mientras que en 2009 sólo se emitieron 12 sentencias condenatorias.

En contraste, el OCNF registra 922 asesinatos de mujeres en cinco años del actual gobierno mexiquense, con base en datos de la propia PGJEM.

El pasado 11 de enero, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de las mujeres) negó que se iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex para eventualmente declarar una Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.

Organizaciones de mujeres y de Derechos Humanos se ampararon el 3 de febrero contra la resolución del Sistema Nacional, al que acusaron de “partidizar” la votación sobre la AVG para no perjudicar políticamente a Peña Nieto. El amparo sigue en trámite.

11/GTR/RMB

viernes, 24 de junio de 2011

-- Norma Ledezma exige cumplir sentencia de Campo Algodonero

Demandan a Felipe Calderón fin a “simulación” en DH
 
Por Rafael Maya Barradas

México, DF, 23 jun 11 (CIMAC).- La fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, exigió a Felipe Calderón ponga fin a la “simulación” de su gobierno en materia de Derechos Humanos (DH) de las mujeres, y cumpla ya la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Campo Algodonero, Ciudad Juárez.

Al participar en el diálogo sobre seguridad entre autoridades federales y representantes de la sociedad civil, Ledezma le recordó a Calderón que antes de ser asesinada, la activista Marisela Escobedo le solicitó audiencia para demandarle justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, pero “usted no la recibió”.

“Ella ubicó al asesino de su hija, (él) vivía en Zacatecas y la Policía Federal lo protegió y lo sigue protegiendo por el involucramiento de las corporaciones con los criminales. Es cierto que Sergio Rafael Barraza Bocanegra asesinó a Rubí, es cierto que la incompetencia de los jueces del Estado lo dejaron libre, pero también es cierto que la Policía Federal lo sigue protegiendo”, acusó la activista.

En el alcázar del Castillo de Chapultepec –lugar del encuentro–, Calderón estuvo acompañado de varios funcionarios federales, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –responsable de la Policía Federal–, y el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora.

“El incumplimiento de la sentencia del Campo Algodonero, que además obliga al Estado mexicano, es la muestra de la política de simulación del gobierno en el tema de los Derechos Humanos de las mujeres”, lanzó Norma Ledezma.

Los cuerpos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal fueron hallados en el predio conocido como Campo Algodonero entre el 6 y7 de noviembre de 2001.

Ledezma abundó que el caso de su hija Paloma Escobar, desaparecida y asesinada en Ciudad Juárez en marzo de 2002, está en proceso de llegar a la CoIDH “ante la indolencia del Estado y la insensibilidad a nuestro sufrimiento”. Subrayó que será el segundo caso de feminicidio por el que podría ser sentenciado el Estado mexicano por la Corte interamericana.

Paloma Ángelica Escobar, hija de Norma Ledezma, desapareció a los 16 años de edad el 2 de marzo de 2002. El 29 de ese mismo mes fue encontrada muerta.

El 30 de diciembre de 2003, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le da entrada el 14 de marzo de 2006. Ahora está pendiente de llegar a la CoIDH para un eventual veredicto.

Ante Calderón y funcionarios federales, Ledezma añadió que el 28 de junio (dentro de cinco días) el Estado mexicano comparecerá ante la CoIDH por el incumplimiento de las medidas provisionales por la desaparición forzada por parte de militares de Nitza Paola, Rocío y José Ángel Alvarado.

“Es el primer caso de su gobierno, el primero del Operativo Conjunto Chihuahua por el incumplimiento de las medidas provisionales”, remarcó la fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización pionera en la demanda de castigo a los responsables del feminicidio en Ciudad Juárez

Sobre la situación en la localidad fronteriza, Norma Ledezma, afirmó que el delito de trata “es tan real como lo es la indiferencia de quienes investigan; hemos presentado casos concretos a la SIEDO… sin embargo hasta esta fecha no ha pasado nada”.

Puso los ejemplos de Yanira Zaire y Adriana Sarmiento, mujeres desparecidas y al parecer víctimas de redes de trata. “No son sólo cifras, señor, son mujeres desaparecidas que tenían una vida por delante, pero debido a que la impunidad ampara y protege a los delincuentes, desconocemos el destino de estas jovencitas y esto es en toda la República Mexicana”, subrayó.

“Ignoro si a usted le queda claro la realidad de este país, la realidad del pueblo mexicano. En cada hogar donde nos falta un miembro en nuestra familia, asesinado o desaparecido, jamás… jamás la vida es igual”, dijo Ledezma a Felipe Calderón ante la mirada de otros activistas –entre ellos el poeta Javier Sicilia–, funcionarios y la presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala.

La luchadora social exigió el cumplimiento de las demandas de las organizaciones de mujeres de Juárez y Chihuahua, entre ellas: creación de un banco de información genética de ADN de familias de víctimas a nivel nacional; que la PGR atraiga los casos paradigmáticos que presentó la Caravana del Consuelo; y la instauración de fiscalías especializadas en feminicidio y delitos de género en cada estado, entre otras.

“Un deseo suyo, señor Presidente, es una orden para su gente. Le pido que delante de todo este público como testigo y de México, de la nación completa, nos responda. Y si nos dice que no, nos diga por qué y si nos dice que sí, nos diga cuándo”, concluyó Ledezma.

En respuesta, Francisco Blake Mora se comprometió a revisar en forma personal el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH en el caso Campo Algodonero. Informó que en breve se llevará a cabo una reunión al respecto.

Sin dar más detalle, el secretario de Gobernación expuso que se iniciaron 62 procedimientos administrativos sancionadores ante la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua y se aplicaron 26 actos sancionadores.

“Hay una serie de acciones... que estamos trabajando respecto de la propia sentencia y yo me comprometo con usted a revisarla a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos para darle un seguimiento puntual a la misma", ofreció a Norma Ledezma.

Cabe recordar que en diciembre de 2010 venció el plazo establecido por la Corte para la creación del Memorial a las víctimas de feminicidio, y la celebración del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional que hasta ahora no se ha realizado, pero de eso Blake Mora no dijo nada.

11/RMB/LGL

miércoles, 15 de junio de 2011

Piden a GDF crear unidad especializada contra feminicidio

  -- Urgen a ALDF a aprobar tipificación

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 15 jun 11 (CIMAC).- Organizaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteraron la importancia de tipificar el feminicidio y exhortaron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, a crear una unidad especializada que investigue este tipo de violencia extrema contra las mujeres.

En conferencia de prensa, agrupaciones defensoras de las mujeres llamaron a Ebrard y al procurador de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, para que implementen un registro público de los delitos cometidos contra las capitalinas y una unidad encargada de investigar el feminicidio que ha dejado al menos 111 víctimas en 2010, según cifras oficiales.

La CDHDF, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) también exigieron a las y los legisladores locales que convoquen a un periodo extraordinario para aprobar la tipificación del feminicidio en el DF.

Luego de que el pasado 8 de marzo Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) una iniciativa para reformar los códigos Penal y de Procedimientos Penales, el pasado 9 de junio las Comisiones de Equidad y Género y de Administración y Procuración de Justicia aprobaron un dictamen para tipificar el delito de feminicidio.

Sin embargo, en ese dictamen no se incluyeron las reformas a los artículos 26 y 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de las cuales se pretendía establecer la obligación de realizar estudios estadísticos e investigaciones sobre delitos contra las capitalinas y crear una unidad especializada para la investigación del feminicidio.

Con las reformas a estos artículos también se pretendía establecer la obligación de especializar y ofrecer capacitación sobre Derechos Humanos (DH) y perspectiva de género –a través de programas y cursos permanentes– a las y los agentes del Ministerio Público, peritos y demás personal que atiende a víctimas de violencia.

De acuerdo con el primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, lo anterior es de relevancia ya que durante 2010 y el primer semestre de 2011 este organismo recibió 136 quejas de mujeres víctimas de violencia que no recibieron atención adecuada por parte de instituciones como la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública o el Tribunal de Justicia capitalino.

Patrón Sánchez explicó que la aprobación de esta iniciativa ayudará a erradicar los patrones de discriminación y las condiciones de desigualdad “de facto y de derecho” entre mujeres y hombres.

Recordó que el Estado mexicano tiene tres sentencias condenatorias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se refieren a la violencia contra las mujeres: dos por la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, y otro más por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante su participación, Erick Monterrosas, hermano de Alí Cuevas –una joven de 24 años que en septiembre de 2009 fue asesinada de 26 puñaladas por su ex novio– lamentó que el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, Julio César Moreno, se opusiera a la creación de los protocolos de investigación del feminicidio. “No tiene ni la menor idea de lo que tenemos que pasar las familias”, acusó.

Criticó que en los casos de feminicidio generalmente hay dos tipos de perpetradores: “Uno, quien lo comete materialmente y dos, quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas”.

El visitador señaló que el primer tipo de perpetrador es el que con su violencia consuma el acto de muerte mientras que el segundo tipo es menos visible, normalmente un MP, juez, policía, perito, legislador, aquel que –afirmó– con su acción deliberada, omisión o desdén incurre en violencia de género institucional.

Por ello hizo un llamado a tomar acciones a favor de las mujeres: “Como sociedad tenemos el imperativo de eliminar la falacia de que el feminicidio es sólo un problema de las mujeres muertas. Tipificando, ciudadanas y ciudadanos mandaremos un mensaje a los feminicidas: ‘El asesinato de una mujer no es tolerable bajo ninguna circunstancia’”.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, reiteró el llamado a la ALDF para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe este dictamen, ya que de lo contrario, dijo, se puede quedar en la congeladora.

11/AGM/RMB

sábado, 14 de mayo de 2011

Debate sobre feminicidio

Jaime Armendáriz El Diario de Chihuahua | 13-05-2011 

Chihuahua— De nueva cuenta el Congreso del Estado analizará establecer el feminicidio como delito en el Código Penal de Chihuahua, pues actualmente existe una agravante en el homicidio cuando es cometido contra una mujer. Esto será tratado tras la iniciativa que presentó ayer la diputada del PAN, Inés Martínez Bernal, quien plantea una penalidad de 30 a 50 años de prisión.

Reconoció que durante la Legislatura 60, la entonces diputada de Acción Nacional, Victoria Chavira, hizo una propuesta similar que a final de cuentas no obtuvo resultados favorables y fue desechada. “Ahora vemos una buena disposición puesto que se ha implementado la Subcoordinación de Feminicidios dentro de la Fiscalía General del Estado”, refirió la legisladora local.

Martínez Bernal afirmó que el hecho de establecer el feminicidio como delito les permitirá avanzar en el combate a esa situación que durante varios años ha sido un tema importante para el estado de Chihuahua.

“Ya se habían hecho esfuerzos por tipificar este delito y desafortunadamente no tuvo consecuencia a favor. Ahora vemos que podemos dar ese siguiente paso, lo que nos va a permitir dar pasos agigantados para dar respuesta inmediata por esos delitos”, puntualizó la congresista miembro de la bancada del Partido Acción Nacional en el Poder Legislativo.

En este sentido la legisladora comentó que además de la propuesta hecha ayer ante el Congreso del Estado, anteriormente sostuvieron reuniones con miembros de organizaciones no gubernamentales para conocer el punto de vista sobre el planteamiento que representaría una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua.

“Estamos buscando que verdaderamente se tipifique el feminicidio en base a ciertas características muy puntuales. Ya hemos llevado estas reuniones con varias organizaciones, porque a veces dábamos ese acercamiento”, finalizó la diputada panista.


Buscan aumentar penas para quien cometa feminicidios en Tamaulipas



Diputados locales demandaron la aplicación de castigos 30 a 50 años de cárcel para quien cometa feminicidio en esta entidad, luego de considerar que se requiere aumentar las penas a las personas que atenten contra las mujeres.

12/05/2011 - 19:53

Esta medida nace a raíz del aumento en casos de violencia contra la mujer. Foto: Milenio

Reynosa.- El legislador local Leonel Cantú Robles indicó que ya se presentó al Congreso local una iniciativa de decreto que permita castigar con mayor severidad a quien atente contra las féminas en cualquiera de los 43 municipios de Tamaulipas.

Precisó que esta medida nace a raíz del incremento en los casos de maltrato y violación a los derechos de las féminas.

“A estas alturas no podemos permitir que continúen presentándose casos de maltrato, agresiones, violaciones a las mujeres, por mínimos que estos sean”, puntualizó.

Refirió que existen diversos datos sobre las mujeres asesinadas, tanto a nivel nacional como en esta entidad, pero más que estadísticas, los legisladores están valorando en dar una solución a este delito que se incrementa anualmente en Tamaulipas.

“Lamentablemente nuestro estado no es la excepción en la violencia generada hacia las mujeres, que tiene un desenlace que termina privando de la vida a muchas de ellas por el simple hecho de su condición de mujer”, dijo.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) exhortó a la comunidad en general a dejar de ser tolerantes contra aquellos que abusa y atentan contra las mujeres, situación que afecta a las féminas y sociedad en general.

Explicó que esta iniciativa de decreto modifica el artículo 337 Bis al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, y fue turnada a la Comisión de Justicia y Equidad de Género para su dictamen.

Sin precisar datos, señaló que las estadísticas muestran un mayor porcentaje de casos de feminicidio en la zona fronteriza de esta entidad, y que el primer lugar en este tipo de delitos lo ocupa Reynosa desde hace varios años.



Piden a la PGJE investigar feminicidios en Orizaba

La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso, Martha Lilia Chávez, dijo que organizaciones denuncian 200 feminicidios de enero de 2010 a mayo de 2011

Por: Thalía Ugalde/Boca del Río

Boca del Río, Veracruz, (AVC).- La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso Local de Veracruz, Martha Lilia Chávez González, denunció opacidad por parte de la Procuraduría General de Justicia para esclarecer los casos de feminicidios que se registran en la entidad.

Resaltó que en Orizaba existen más de 200 casos de mujeres asesinadas que no han sido investigadas desde hace dos años. La cifra de feminicidios en el estado podría ser mayor pero se carece de una plataforma de datos para contabilizarlos.

Los casos de violencia contra la mujer se presentan principalmente en las zonas serranas, principalmente en Zongolica, donde se han detectado varios casos.

“Ésta es una información que dio un colectivo de la ciudadanía, ellos hablaban de 200 casos de mujeres que no han sido investigados en lo que va de dos años de transcurrir el periodo, y por otro lado nueve aparecieron el Zongolica”.

La legisladora lamentó que no exista una plataforma de datos de los feminicidios que hay en Veracruz, pues no hay un órgano que recabe la información que se recibe en las diferentes instituciones que atienden los casos de maltrato a la mujer, por ello solicitó a la Secretaría de Gobierno trabajar en coordinación para atender oportunamente los casos.

Chávez González consideró que el maltrato hacia la mujer se debe a un problema cultural, pues en la actualidad se sigue considerando a las féminas como un objeto.

Como presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso Local de Veracruz, señaló que presentará un plan erradicar la violencia con las mujeres, ya que hasta el momento todas las acciones son de reacción y no de prevención a la violencia.

Respectó a los casos de las “muertas de Isla”, señaló que van dirigidos más al tema de trata ya que es un municipio de paso de migrantes y se propicia el comercio de personas.

jueves, 10 de marzo de 2011

Amenazan de muerte a Marisela Ortiz

Aparece manta intimidatoria contra la activista de Ciudad Juárez

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 10 mar 11 (CIMAC).- La defensora de
Derechos Humanos (DH) Marisela Ortiz Rivera
denunció amenazas de muerte contra ella y su
familia luego de que esta madrugada apareció una
manta con frases intimidatorias en la escuela
secundaria donde da clases en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En entrevista telefónica, Marisela Ortiz,
fundadora de la organización civil Nuestras Hijas
de Regreso a Casa –una de las pioneras en
denunciar el feminicidio en la localidad
fronteriza–, dijo que alrededor de las 7:30 de la
mañana recibió una llamada del director del
plantel para informarle sobre la manta.

En la pancarta se podía leer una frase
intimidatoria contra ella y su familia, la cual
al parecer se debe al apoyo que Marisela dio a la
también activista María Luisa García Andrade.

María Luisa, también integrante de Nuestras Hijas
de Regreso a Casa tuvo que salir de Ciudad Juárez
luego de que el pasado 17 de febrero desconocidos
quemaron el techo de su casa mientras ella
permanecía en un plantón en apoyo a la familia
Reyes Salazar, cuyos integrantes han sido asesinados por su activismo.

Marisela tiene un amplio trabajo en la defensa de
los DH y a favor de las mujeres y ésta no es la
primera vez que recibe amenazas, ya que el 5 de
noviembre de 2008 encontró en su casa tarjetas con leyendas intimidatorias.

La activista dijo no tener idea de quién puede
ser el autor de este mensaje pero de acuerdo con
información de medios locales en la manta estaban las iniciales “J.L.”.

“Nuestro trabajo es muy digno, es de muchos años,
de prestigio y no veo la forma en que estemos
ofendiendo a alguien para que nos amenace de
muerte. Nuestro trabajo es en favor de la
justicia y de restablecer el orden en Ciudad Juárez”, afirmó.

Precisó que esta mañana recibió llamadas de
funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, así como de la Organización Mundial
Contra la Tortura, quienes le expresaron su apoyo.

Ortiz señaló que presentará una denuncia, aunque
–aclaró– hasta el momento la prioridad es pensar
en una estrategia de seguridad para su familia.
Finalmente subrayó: “Yo no soy una criminal”.

Estas amenazas se dan en un contexto de
indefensión contra activistas de DH. Hace tan
sólo una semana, el sábado 5 de marzo, la familia
Reyes Salazar abandonó Ciudad Juárez en busca de
seguridad después de las amenazas que recibieron
y ahora está refugiada en el DF.

Ese mismo día finalizó el plantón que tenían
instalado frente a la Fiscalía de Justicia Zona
Norte, para exigir justicia por los asesinatos de
Elías y Malena Reyes Salazar y Luisa Ornelas,
cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 25 de febrero.

La defensora Josefina Reyes fue asesinada el 3 de
enero de 2010 y Marisela Escobedo el 16 de
diciembre del mismo año. Escobedo fue ejecutada
frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua
durante un plantón, para exigir justicia por el
homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre. El
pasado 6 de enero, otra activista, Susana Chávez fue ultimada.

De acuerdo con Adrián Lujan, integrante de Redes
Universitarias, una organización que apoyó a la
familia Reyes, por seguridad, Marisela Reyes y su
madre, Sara Salazar, no tendrán contacto con los
medios pero aseguró que hasta el momento se encuentran bien.

11/AGM/RMB

viernes, 25 de febrero de 2011

Comunicado

Pronunciamiento

24 de febrero, 2011

REDIM exige al Estado Mexicano, en particular al Gobierno del Estado de Chihuahua,

investigación y justicia ante el homicidio de tres niñas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con fuentes periodísticas, la noche del miércoles 23 de febrero, un grupo armado atacó a seis niñas y niños mientras jugaban en el patio de una vivienda, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el hecho, perdieron la vida tres niñas Esmeralda L., Karen y Briseida B. de 12,14 y 15 años respectivamente.

Consideramos que el Estado Mexicano, particularmente el Estado de Chihuahua, en sus diferentes niveles de gobierno, debe actuar con rapidez y contundencia ante lo ocurrido. Un registro hemerográfico de muertes realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), da cuenta de que a nivel nacional en los cincuenta y cinco días transcurridos del año 2011, se han contabilizado 52 muertes de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, datos oficiales señalan que en 2008, la tasa de homicidio en la población de 15 a 17 años de edad fue de 8 defunciones por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta cifra se incrementó casi 6 veces en el estado de Chihuahua, mientras que en ese mismo año, en Ciudad Juárez fue 10 veces mayor.

Un análisis preliminar de la REDIM sobre la tasa de homicidio adolescente, entre 2008 y 2009, muestra que a nivel nacional ésta subió de 8 a 11 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Estado de Chihuahua se registró una tasa (75) 7 veces mayor a la media nacional (11), sobre la misma población adolescente.[1] Cabe destacar que Chihuahua es el único estado que hasta el momento no cuenta con una Ley de Derechos de Niñas y Niños.

SINAIS, Base de datos de defunciones 1979-2009.

Ante esta situación exhortamos al Estado Mexicano a retomar las Recomendaciones que diera a conocer el pasado 4 de febrero, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-UN) con respecto al Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados” en las que señala que: “El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños víctima (alrededor de 1000 en los últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas”

Ante ello, el Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;

b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños (…);

c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados

Resaltamos que las recomendaciones también señalan que “De conformidad con el artículo 8, párrafo 2, el Comité pide al Estado Parte que, en sus próximos informes periódicos relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que habrán de presentarse a más tardar el 20 de abril de 2011, incluya más información sobre la aplicación del Protocolo Facultativo y estas observaciones finales.” (CRC/C/OPAC/MEX/CO/14 Febrero 2011)

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

56.01.62.78

Mail / Messenger

direccion@derechosinfancia.org.mx

miércoles, 23 de febrero de 2011

Nombran a fiscal vs feminicidios en Edomex

La Procuraduría local informó que Italy Desiree Ciani Sotomayor fue nombrada titular de la Subprocuraduría Especializa en Delitos Contra Mujeres, por acuerdo del gobernador Enrique Peña Nieto

Notas
El Universal

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que por acuerdo del gobernador Enrique Peña Nieto, Italy Desiree Ciani Sotomayor fue nombrada titular de la Subprocuraduría Especializa en Delitos Contra Mujeres.

Con base a los datos de la PGJEM, Ciani Sotomayor es mexiquense por nacimiento, obtuvo el título de licenciada en Derecho, además de ser experta en materias como Oralidad y Medidas Cautelares.

Al respecto, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que opera un grupo especializado para investigar homicidios dolosos en contra de mujeres, así como también se revisan cada una de las averiguaciones para acelerar el proceso correspondiente.

Agregó que la PGJEM esta en etapa de selección del personal que cubrirá las 200 plazas autorizadas para la subprocuraduría mencionada. Indicó que de los tres Centros de Justicia, anunciados recientemente por el gobernador Peña Nieto, se encuentra en construcción el primero en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Mientras que los otros dos restantes están en etapa de proyección, correspondiendo a los municipios de Amecameca y Toluca.
--------------------------------------------

Guanajuato: anuncian reforma penal y consultas para tipificar feminicidio

Carlos García y Javier Valdez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 21 de febrero de 2011, p. 39

El Congreso de Guanajuato hará una reforma integral al Código Penal del estado y prevé discutir la tipificación de delito de feminicidio, como señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con los crímenes del Campo Algodonero, en Chihuahua, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del órgano legislativo, Gerardo Trujillo Flores.

El 15 de febrero se inició el primer periodo de sesiones del Poder Legislativo de Guanajuato, y la tipificación de los crímenes de odio contra mujeres se debatirá con el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, al igual que con el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, adelantó el también líder de la bancada del Partido Acción Nacional, que es mayoritaria.

El Código Penal será revisado por los tres poderes de Guanajuato, en especial lo relativo al homicidio en razón de parentesco, que incluye delitos como infanticidio y parricidio, añadió.

Oliva Ramírez informó que pidió al procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, que inicie “el análisis correspondiente de esta corriente en favor de los derechos humanos de las mujeres, y tipificar el asesinato de una mujer como feminicidio”, afirmó.

Agregó que Guanajuato avanza en los temas de género, como parte de una política integral de defensa de las mujeres. Desde 2008 se han registrado en Guanajuato 129 feminicidios, según las organizaciones no gubernamentales (ONG) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Centro Las Libres. En 2008 hubo 40 crímenes de este tipo, de los cuales 61 por ciento quedaron impunes; en 2009 fueron asesinadas 44 mujeres, y en 47 por ciento de los casos no se castigó a los responsables; en 2010 hubo 40 muertes, con un nivel de impunidad de 53 por ciento, y en lo que va de 2011 suman cinco casos, detallaron las ONG.

viernes, 18 de febrero de 2011

Pronunciamiento de Pan y Rosas ante el ataque a Malú García Andrade

Repudiamos la persecución contra la compañera y luchadora contra los feminicidios

La casa de Malú García Andrade fue incendiada, ella es presidenta de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, una luchadora incansable contra los feminicidios. La semana pasada fue incendiada la casa de otra activista, Sara Salazar.

Malú García, es hermana de Lilia Alejandra García Andrade, joven de 17 años, asesinada en febrero de 2001, con 17 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida siete días después. Malú junto con su madre, Norma Andrade y con Marisela Ortiz, es uno de los pilares de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Su lucha, incansable, primero por justicia para Alejandra, y luego, por la unidad entre los familiares de otras víctimas, el seguimiento de los casos, la exigencia de justicia, el reconocimiento de los feminicidios como un problema existente en nuestro país. Nuestras Hijas de Regreso a Casa adquirió un reconocimiento internacional y numerosas organizaciones sociales en el mundo reconocen su lucha.

Durante casi una década, esta organización y los que la conforman, ha sufrido amenazas y persecución política. Actualmente con el aumento de los ataques contra los luchadores sociales en Chihuahua y otros estados, la militarización y el crimen organizado, las agresiones van en aumento y en cada caso se teje una maraña de hechos difíciles de esclarecer, sobre todo, por el marco de impunidad en el que se dan los ataques.

La madrugada de hoy (17 de febrero), fue incendiada la casa de Malú, por el ataque de un grupo armado, ubicada en el cruce de las calles Tamaulipas y Oscar Flores, de la colonia Colinas de Juárez.

Malú se encontraba en un campamento en apoyo a la familia Reyes Salazar, frente a la Fiscalía de Justicia en la Zona Norte, cuando sucedió el ataque a su domicilio. Aunque afortunadamente ella había salido de esa casa, por amenazas previas que había recibido.

El siniestro se suma al ocurrido el pasado martes, cuando fue atacada la vivienda de Sara Salazar (madre de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, quienes tienen una semana desaparecidos).

La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se pronuncio por el castigo a los responsables de los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, en muchas ocasiones han anunciado que no cesarán su lucha contra los asesinatos de mujeres en todo el país

Las compañeras de Pan y Rosas nos solidarizamos con esta organización, además, con todas las activistas, feministas y luchadoras por justicia del estado.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de los derechos humanos, externar nuestro repudio a este atentado y salir a las calles en defensa de Malú García Andrade y de Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Proponemos implementar una campaña nacional contra los feminicidios y reunirnos para discutir acciones contra la impunidad

Exigimos juicio y castigo para los asesinos de Marisela Escobedo y Susana Chávez

Presentación con vida de los hermanos Salazar

Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad

Alto a la militarización del país

Agrupación Pan y Rosas

www.panyrosasmex.blogspot.com

martes, 15 de febrero de 2011

Lucha contra el narcotráfico invisibiliza asesinatos contra mujeres

CDHDF

Boletín 49/2011

12 de febrero de 2011

En México aún hay leyes que atenúan los delitos de violencia contra las mujeres; en Chihuahua cada 20 horas es asesinada una mujer y la lucha contra el narcotráfico ha causado que el Gobierno federal invisibilice los asesinatos contra el sector femenino.

Lo anterior fue expresado por defensoras de derechos humanos al participar en la mesa El Feminicidio en Ciudad Juárez, enmarcado en el “2° Seminario Nacional Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

En un evento realizado en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Consultora Especial del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), María de la Paz López Barajas, consideró que la impunidad en las acciones de violencia contra las mujeres inicia con su invisibilidad.

Apuntó que el Estado es responsable del impacto de las normas que se crean, y en ese sentido de la difusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

López Barajas advirtió que en el país aún existen leyes que atenúan los delitos de violencia contra las mujeres.

“Por eso hablamos de una violencia estructural y que va mucho más allá de la esencia cultural, ya que tiene que ver con cómo se conforma el aparato de justicia, pues todavía encontramos delitos por razones de honor e incluso casos en los que se exceptúa éste cuando el perpetrador se casa con la víctima”, subrayó.

Reconoció que hay esfuerzos en algunas entidades para modificar los Códigos Penales a fin de resarcir las atrocidades contra el sector femenino, aunque apuntó que a pesar de los flamantes cambios “se conservan elementos de discriminación contra las mujeres”.

Reiteró la importancia de contar con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, dijo, es un lujo para Latinoamérica, pero que se debe de generalizar entre la sociedad para inhibir la violencia feminicida.

Por su parte, la abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas, A.C., Lucha Castro, apuntó que durante 2010 en Chihuahua se registraron 443 feminicidios, de los cuales 306 sucedieron en Ciudad Juárez.

Denunció que los responsables de impartir justicia todavía discriminan y utilizan estereotipos que limitan las investigaciones en los delitos contra las mujeres, y aseguró que los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez han sido emblemáticos a nivel local e internacional por la negligencia, opacidad y falta de resultados en las indagaciones.

La fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, AC, y abogada de la extinta luchadora social, Marisela Escobedo, reiteró su postura de que el feminicidio de ésta última se trató de un crimen de Estado.

En tanto, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, A.C, (OCNF), María de la Luz Estrada, aseguró que en los últimos seis años se han registrado más de 6 mil homicidios contra mujeres en el país y que de 1993 a 2007 en Ciudad Juárez fueron asesinadas de forma brutal 573.

Manifestó que en la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, pues de enero de 2009 a junio de 2010 su organización documentó 1,728 feminicidios en 18 entidades federativas.

En ese sentido, lamentó que a 17 años de que el Estado reconoció los feminicidios contra mujeres no cuente con información precisa sobre la violencia hacia este sector.

A su vez, la abogada de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C., Andrea Medina Rosas, criticó la simulación del Estado mexicano al plantear en el ámbito internacional que sí cumple con los tratados internacionales en materia de los derechos humanos.

Advirtió que el no atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres lleva a generalizarla y a que otros grupos en condiciones de vulnerabilidad también se vean afectados.

“La impunidad, la invisibiización y la simulación también se está dando ahora con respecto a las y a los jóvenes y a las y los migrantes”, recalcó.

a mesa El Feminicidio en Ciudad Juárez del “2° Seminario Nacional Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, fue moderada por la Presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC, Gloria Ramírez.

martes, 1 de febrero de 2011

Falla ley contra el feminicidio

Acuatro años de haber sido promulgada, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es considerada "inoperante" por organismos civiles. Chihuahua y BC, con los más altos índices: INEGI

ALARMA. En el marco de la ley a favor de las mujeres, grupos civiles han solicitado que se active el mecanismo de alerta de género en tres entidades: Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México. La Secretaría de Gobernación rechazó las peticiones.

31 de enero de 2011

Liliana Alcántara
El Universal

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso se ha querido utilizar con fines políticos.

Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia, acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunos estados de la República.

Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia.

Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país no cuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aún hay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violencia doméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a la pareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan el asunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a las mujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado de México, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.

Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.

En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungió como secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres se incrementó de 1.81 a 10.11.

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestiona que la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y con fines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave —si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios como Chihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.

El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de este delito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69).

¿Para qué la ley?

Datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares (2006) señalan que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad han padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.

Apenas el viernes pasado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa recibió el reporte de un caso de violencia doméstica en Mazatlán, que culminó con el asesinato de la víctima.

Según testimonios de los vecinos, la pareja discutía minutos antes de que Laura Ríos, de 19 años de edad, fuera encontrada sin vida en el interior de su departamento con las heridas provocadas por los golpes que le propinaron con un tubo. Su pareja huyó.

El problema de la violencia doméstica, dice Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que ya no se reduce al ámbito del hogar, “precisamente porque no hay mecanismos adecuados de atención, ahora son hechos que salen a la luz pública pero porque desgraciadamente, en muchos de los casos, las mujeres llegan a perder la vida, y cuando es un patrón que se repite entonces hay que poner una alerta roja porque hablamos de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres por su condición de género y eso ocurre en la mayor parte del país”, dijo la académica.

La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en los últimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.

Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento en la incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional, dice que precisamente por toda esta numeralia que da cuenta de la violencia que viven las mujeres en el país fue que se requería de la promulgación de una ley que estableciera una serie de parámetros y políticas públicas encaminadas a solucionar este fenómeno cultural que es considerado por el gobierno mexicano como un asunto de salud pública.

“Esta ley es una de las más importantes en la región latinoamericana, es un referente en la lucha de las mujeres contra la violencia de género porque abarca todos los tipos de violencia, no sólo la doméstica. Ahora, lo que se necesita es que opere”, reitera.

Es inoperante, dice, porque apenas el año pasado todos los estados del país cuentan con una ley estatal en la materia, y porque aún Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen un reglamento que permita saber a las autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo para atender la problemática.

Rechazos a declaratoria

A nivel federal, agrega Estrada, hay una serie de obstáculos que impiden la aplicación de mecanismos como la llamada alerta de género.

La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de género funciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y cuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así lo soliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría de Gobernación.

El Observatorio Nacional ha presentado tres solicitudes para que se declare la alerta de género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México.

“En el caso de Oaxaca no se decretó porque nos dijeron que no teníamos pruebas suficientes, y que requerían más datos y testimonios, pero les recordamos que la alerta se debe declarar para que ellos investiguen y no nosotros”, explicó Estrada.

En Oaxaca, según información del INEGI, la incidencia de homicidios en 2009 fue de 3.82, superior a la media nacional, que es de 3.52.

“En Guanajuato la solicitamos para el caso de las mujeres que abortaban por violación y eran encarceladas, y la Secretaría de Gobernación rechazó declarar la alerta diciendo que se violaba la soberanía del estado”.

“Y en el caso del Estado de México también se rechazó a pesar de que dimos toda la información disponible”. Dicha organización informó que entre 2006 y 2009 fueron asesinadas 680 mujeres, y sólo en 76 de los casos se emitieron sentencias.

“La alerta de género es un mecanismo novedoso porque es una medida de protección comunitaria, pero por desgracia se ha politizado, y las autoridades se niegan a decretarla por intereses partidistas y electorales”.

María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, dice que en el caso de Guanajuato no se aprobó la alerta porque se hizo un análisis comparado de la legislación sobre aborto, “y querían que se legislara como en el Distrito Federal”.

Dimensionar el problema

La investigadora de la UNAM Regina Montero duda de la eficacia de políticas públicas si no se sabe cuál es la dimensión real del problema, y si no se parte de una base de información que permita localizar los puntos rojos que hay que atender.

La ley general establece para ello la conformación de un Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Dispone que dicho banco deberá integrarse 365 días después de la conformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El sistema llevó a cabo su primera sesión el 11 de mayo de 2007, por lo que hay tres años de retraso.

María Elena Álvarez, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres —instancia que ocupa precisamente la secretaría ejecutiva de ese sistema—, dice desconocer qué tan avanzada está la conformación del banco de datos. “Nuestro Centro de Información y Documentación está en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública... les preguntaremos cómo va”.

Lamenta que la violencia contra las mujeres no haya disminuido a pesar de la existencia de una ley federal, aunque asegura que un avance es que el problema ahora sea más visible.

“No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueran más mujeres víctimas de la violencia en este país”, considera Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.