-- Se compromete con CIDH a esclarecer asesinato de Paloma Escobar
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
11/GTR/LGL
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
Los compromisos implican la reparación a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
“Tenemos estos dos casos en espera, los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.
11/GTR/LGL
En 2 meses estará lista la Fiscalía vs. feminicidios: diputado
Chihuahua, Chih.- El diputado Alejandro Domínguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dio a conocer que aproximadamente en 2 meses quedará conformada la Fiscalía Especializada en Feminicidios, debido al gran número de asesinatos de mujeres suscitados en la entidad, pues no a todos se les puede catalogar como parte del crimen organizado.
Por: Juan Carlos Carreón
06/agosto/2011
06/agosto/2011
Aseguró que se están realizando una serie de adecuaciones para formular este decreto, aunque ya se tiene un área específica que atiende este tipo de actos, se busca que exista un órgano que les dé seguimiento de una manera más veraz y concreta.
El legislador priísta comentó que no se le puede dar más celeridad ya que implican algunos recursos que ya se tienen destinados hacia otras áreas y que representaría afectaciones innecesarias.
con información de: Jorge García Nieto
Urge tipificar el feminicidio en Sinaloa
Viernes 05 de Agosto de 2011 Por Juan Fco. Cázarez Buelna
Más de 60 asesinatos de mujeres este año
Guasave, Sin.- Tras señalar que, en lo que va del año, han ocurrido 63 asesinatos de personas de sexo femenicidio en Sinaloa, Basilia Arias Villanueva, presidente del Instituto Municipal de la Mujer, urgió al Congreso del Estado a legislar para tipificar el delito de femenicidio, tal y como se hizo ya en el Estado de México, al tiempo que se realice un esfuerzo integral, entre gobierno y sociedad, “para que nuestro estado no alcance los lamentables niveles de ciudad Juárez
Mientras que los diputados de Sinaloa continúan intentando descifrar el concepto de femenicidio y exponen dudas sobre cuándo o no se configura, lo cierto es que todo asesinato de una mujer, independientemente de las circunstancias como se realice, implica la ventaja física del hombre y una falta total de respeto a la vida y al género
“No se trata sólo del homicidio de una mujer, sino de sus diversas implicaciones, donde se involucra poder, dominio de un territorio, impunidad, misoginia y violación a los derechos humanos, entre otros factores que generan intranquilidad entre los habitantes de las comunidades más afectadas, pese a que éstos se esfuerzan por mantener una supuesta normalidad”, dijo.
El Sistema de las Naciones Unidas ya solicitó al Gobierno mexicano establecer una política de Estado para tipificar el asesinato de mujeres como un delito particularmente grave y condenable, aseveró.
Solo Guerrero estado de México, Guanajuato, el Distrito Federal y Morelos establecen ese delito en su código penal, y es necesario que también se implemente en Sinaloa, incluyendo penas más severas para los homicidas, como ocurrió días atrás en el Distrito F6ederal, donde un varón cometió femenicidio y pudiera alcanzar hasta los 60 años de cárcel, comentó
“Para ver los resultados de ese esfuerzo es necesario el trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, de todos los Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno”, indicó Basilia Arias.
”En México la violencia contra la población femenina sigue siendo una realidad vergonzosa porque somos el Estado y la sociedad quienes cerramos los ojos o nos hacemos a un lado ante ella”, deploró la entrevistada.
“Cuando la violencia de género está presente en una sociedad, todos pierden, se toca la democracia, se debilita la economía y se pone en entredicho la sostenibilidad de la paz”, expuso.
La tipificación del femenicidio, agregó, servirá para dar justicia a las mujeres cuyos asesinatos tienen rasgos de crímenes de odio por género y que terminan como un simple homicidio. Permitirá tener, además, una estadística sobre el fenómeno y poder aplicar políticas para contrarrestarlo. Existen cifras negras, por lo cual no se puede tener una estadística real, aseveró la entrevistada
“No me gusta estar comparando quién está en primero o segundo lugar por eso digo 'eso dicen' en primer lugar porque en nuestro país hay una ausencia de cultura de registro y yo no sé de dónde sacan las cifras para decir quién va en primero y segundo, lo que sí sé es que a las mujeres se les mata por ser mujeres", expresó.
TOLUCA, Méx.— Cada cinco días se ha registrado un feminicidio en el Estado de México, en promedio, ya que desde que se tipificó el delito en el Código Penal estatal se ha tenido conocimiento de 29 asesinatos de mujeres que, por sus características, la Fiscalía especializada de la Procuraduría mexiquense determinó que se trata del “nuevo” ilícito que está vigente desde el pasado 18 de marzo.
Más de 60 asesinatos de mujeres este año
Guasave, Sin.- Tras señalar que, en lo que va del año, han ocurrido 63 asesinatos de personas de sexo femenicidio en Sinaloa, Basilia Arias Villanueva, presidente del Instituto Municipal de la Mujer, urgió al Congreso del Estado a legislar para tipificar el delito de femenicidio, tal y como se hizo ya en el Estado de México, al tiempo que se realice un esfuerzo integral, entre gobierno y sociedad, “para que nuestro estado no alcance los lamentables niveles de ciudad Juárez
Mientras que los diputados de Sinaloa continúan intentando descifrar el concepto de femenicidio y exponen dudas sobre cuándo o no se configura, lo cierto es que todo asesinato de una mujer, independientemente de las circunstancias como se realice, implica la ventaja física del hombre y una falta total de respeto a la vida y al género
“No se trata sólo del homicidio de una mujer, sino de sus diversas implicaciones, donde se involucra poder, dominio de un territorio, impunidad, misoginia y violación a los derechos humanos, entre otros factores que generan intranquilidad entre los habitantes de las comunidades más afectadas, pese a que éstos se esfuerzan por mantener una supuesta normalidad”, dijo.
El Sistema de las Naciones Unidas ya solicitó al Gobierno mexicano establecer una política de Estado para tipificar el asesinato de mujeres como un delito particularmente grave y condenable, aseveró.
Solo Guerrero estado de México, Guanajuato, el Distrito Federal y Morelos establecen ese delito en su código penal, y es necesario que también se implemente en Sinaloa, incluyendo penas más severas para los homicidas, como ocurrió días atrás en el Distrito F6ederal, donde un varón cometió femenicidio y pudiera alcanzar hasta los 60 años de cárcel, comentó
“Para ver los resultados de ese esfuerzo es necesario el trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas, de todos los Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno”, indicó Basilia Arias.
”En México la violencia contra la población femenina sigue siendo una realidad vergonzosa porque somos el Estado y la sociedad quienes cerramos los ojos o nos hacemos a un lado ante ella”, deploró la entrevistada.
“Cuando la violencia de género está presente en una sociedad, todos pierden, se toca la democracia, se debilita la economía y se pone en entredicho la sostenibilidad de la paz”, expuso.
La tipificación del femenicidio, agregó, servirá para dar justicia a las mujeres cuyos asesinatos tienen rasgos de crímenes de odio por género y que terminan como un simple homicidio. Permitirá tener, además, una estadística sobre el fenómeno y poder aplicar políticas para contrarrestarlo. Existen cifras negras, por lo cual no se puede tener una estadística real, aseveró la entrevistada
“No me gusta estar comparando quién está en primero o segundo lugar por eso digo 'eso dicen' en primer lugar porque en nuestro país hay una ausencia de cultura de registro y yo no sé de dónde sacan las cifras para decir quién va en primero y segundo, lo que sí sé es que a las mujeres se les mata por ser mujeres", expresó.
Identifican en cuatro meses 29 feminicidios
En la mayoría de casos, los agresores son hombres cercanos a las víctimasViernes 05 de agosto de 2011 Eduardo Alonso Corresponsal | El Universaleduardo.alonso@eluniversal.com.mx
Alfredo Castillo Cervantes, procurador de la entidad, reconoció que en los últimos cuatro meses se han presentado 29 feminicidios, de los cuales se ha logrado detener y presentar ante un juez al o a los presuntos responsables de 22 sucesos, mientras que el resto está en fase de investigación.
En cuanto a los 922 homicidios “históricos” dolosos contra mujeres registrados en la presente administración del gobernador Enrique Peña Nieto, que inició en 2005, —acontecidos antes de haberse tipificado el delito—, hasta el momento se han resuelto más de 700 y el resto sigue pendiente.
De dichos casos “históricos”, en tan solo un año se han logrado resolver alrededor de 300, es decir, casi la mitad de las investigaciones rezagadas, precisó Castillo Cervantes.
Las autoridades de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado de México (PGJEM) han dado a conocer que la mayoría de los presuntos responsables de los feminicidios han sido personas cercanas a la víctima.
¿Qué dice la ley?
Esta es una característica que contempla el artículo 242 Bis del Código Penal estatal, el cual establece que el homicidio doloso de una mujer se considera como feminicidio cuando se actualice —o presente— alguna de las siguientes circunstancias:
Violencia de género, es decir, privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo —mujer—; cuando se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo —agresor— por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa.
Por razones de carácter técnico o profesional y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del sujeto pasivo-mujer, precisa el inciso B de dicho artículo.
Otros de los factores que de presentarse pueden implicar que el deceso de una mujer sea catalogado como feminicidio, según el inciso C y D, son que el sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales crueles o denigrantes, o haya mutilado al pasivo —víctima—; que existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.
La sanción que contempla el delito de feminicidio en el Edomex va de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo de multa.
En cuanto a los 922 homicidios “históricos” dolosos contra mujeres registrados en la presente administración del gobernador Enrique Peña Nieto, que inició en 2005, —acontecidos antes de haberse tipificado el delito—, hasta el momento se han resuelto más de 700 y el resto sigue pendiente.
De dichos casos “históricos”, en tan solo un año se han logrado resolver alrededor de 300, es decir, casi la mitad de las investigaciones rezagadas, precisó Castillo Cervantes.
Las autoridades de la ProcuraduríaGeneral de Justicia del Estado de México (PGJEM) han dado a conocer que la mayoría de los presuntos responsables de los feminicidios han sido personas cercanas a la víctima.
¿Qué dice la ley?
Esta es una característica que contempla el artículo 242 Bis del Código Penal estatal, el cual establece que el homicidio doloso de una mujer se considera como feminicidio cuando se actualice —o presente— alguna de las siguientes circunstancias:
Violencia de género, es decir, privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo —mujer—; cuando se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo —agresor— por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa.
Por razones de carácter técnico o profesional y existan con antelación conductas que hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del sujeto pasivo-mujer, precisa el inciso B de dicho artículo.
Otros de los factores que de presentarse pueden implicar que el deceso de una mujer sea catalogado como feminicidio, según el inciso C y D, son que el sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales crueles o denigrantes, o haya mutilado al pasivo —víctima—; que existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo hacia el pasivo.
La sanción que contempla el delito de feminicidio en el Edomex va de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de salario mínimo de multa.
Como una forma de denunciar el asesinato de periodistas en México, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) está utilizando "tarjetas postales” como una manera de denunciar los numerosos asesinatos de los profesionales de la información, principalmente las mujeres. Este hecho delictivo afecta a 35 países en todo el mundo. Solo en México, en 2009 fueron registradas 144 agresiones contra la libertad de expresión; en 27 casos se vieron involucrados 20 reporteros, 1 camarógrafo, 1 fotógrafa, 3 comunicadores de radio, una radio comunitaria y un portavoz, según el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
