ALERTA DE GENERO EN ESTADO DE MEXICO
Marzo 2012
Después de venir documentando la problemática de feminicidios y violencia feminicida en el Estado de México, identificamos un patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad.
Desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios en la entidad. Concentrándose el 54% en diez municipios del Estado de México:
1º Ecatepec de Morelos con 118 casos,
2º Netzahualcóyotl con 71 casos,
3º Tlalnepantla de Baz con 53 casos,
4º Toluca con 45 casos,
5º Chimalhuacán con 42 casos,
6º Naucalpan de Juárez con 40 casos,
7º Tultitlán con 35 casos,
8º Ixtapaluca con 31 casos,
9º Valle de Chalco con 30 casos; y
10º Cuautitlán Izcalli con 25 casos.
Seis de cada diez mujeres asesinadas en la entidad fueron victimadas en actos que implicaron un alto grado de violencia que evidencian el uso excesivo de la fuerza física, la saña que plasma la discriminación en las que fueron sometidas. La mayoría de los asesinatos de mujeres corresponde a jóvenes que tenían entre 11 y 30 años de edad (46%), en el 56.72% de los crímenes las autoridades desconocen quién fue el homicida. Sólo en los casos donde el asesinato fue cometido por una persona conocida (pareja, familiar o vecino) la autoridad conoce la identidad del victimario (35.47%), lo han podido consignar
La situación legal de los casos hasta el 2010 es que en 522 casos no se sabía quién las había asesinado ni las razones por las cuales se les privo de su vida, excusándose la autoridad en “la falta de elementos para perseguir a los culpables y el desconocimiento de la identidad muchas de las víctima impiden ejecutar acción penal contra los culpables”.
Por estas razones en diciembre de 2010 solicitamos al Sistema Nacional para Prevenir, Atender Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se emitiera la Declaratoria de Alerta de Género, por el contexto de violencia feminicida en el Estado de México, sin embargo el 11 de enero de 2011 en sesión extraordinaria, sin fundamentación y motivación decidió no emitir la declaratoria de la alerta de género y por el contrario antepusieron intereses políticos por encima de la vida, libertad y seguridad de las mujeres en esa entidad.
A un año de que se negó la de declaratoria de alerta de género, la situación del contexto de violencia contra las mujeres sigue siendo incierta, simplemente de la información proporcionada recientemente por la Procuraduría reconoce que en el año 2011 se cometieron 282 asesinatos de mujeres en la entidad, en el 63% de los casos las víctimas murieron por actos que implican el uso excesivo de la fuerza, en el 76% de los casos se ignora la relación de la víctima con el victimario, sin embargo aun con estos datos la procuraduría sólo investiga como feminicidios 53 casos.
Otra preocupación que radica en el Estado de México son las desapariciones de mujeres, simplemente en el 2011 se registraron 569 casos de los cuales el 62% eran mujeres entre los 10 y 20 años de edad.
Con la información anterior confirmamos que las acciones implementadas por el estado de México, no corresponden a la verdadera problemática de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia para las mujeres, pues aun cuando se dotaron de recursos, y competencias a ciertas instancias, no resolvieron de fondo la discriminación e impunidad que persiste en estas instituciones creando un contexto de simulación en esta entidad.
El día 27 de febrero a un año de que la mayoría de las integrantes del Sistema Nacional negaron la alerta de género el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativo en el Distrito Federal otorgo el amparo por la negativa de la alerta y confirma que en la sesión extraordinaria las integrantes del sistema ni si quiera dieron lectura a la solicitud de declaratoria de alerta de género, no valoraron si la solicitud cumplía con los requisitos, si no simplemente votaron y argumentaron cuestiones políticas, por lo cual el actuar de las integrantes del sistema es violatorio a la Constitución y se ordena se deje sin efectos el acuerdo en donde se niega la alerta de género y se emita uno bajo las directrices que establece la resolución del juez.
En el marco del 8 de marzo esta resolución sienta un precedente a favor de los derechos humanos de las mujeres ,exigiendo a las instancias federales y estatales que integran el sistema cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento en relación a la Declaratoria de Alerta de Género, sentando un antecedente al establecer que las organizaciones de derechos humanos de las mujeres no están obligadas a acreditar la violencia feminicida al solicitar una alerta de género siendo una responsabilidad del sistema.
__________________________________ ALERTA DE GÉNERO PARA NUEVO LEÓN
BOLETIN DE PRENSA
· Instituciones de gobierno federal y locales decidirán mañana si admiten la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Nuevo León
· En 2 años crecen 698% los feminicidios en Nuevo León: Arthemisas por la Equidad
Las instituciones de gobierno federal y locales que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM), sesionarán mañana de manera extraordinaria para decidir si admiten la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Nuevo León, solicitada por la organización Arthemisas por la Equidad el pasado 13 de enero. Con esta solicitud se pretende que se inicie una investigación para generar las acciones urgentes que detuvieran el avance de esta violencia sistemática, principalmente en once municipios de Nuevo León (Monterrey, General Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás de la Garza, Apodaca, Benito Juárez, Cadereyta Jiménez, García, Santiago y San Pedro Garza García).
Esta solicitud fue motivada debido al aumento de crímenes contra mujeres que se ha registrado en los últimos dos años en la entidad, sumado a otros tipos de agravios contra las mujeres como la violencia sexual y las desapariciones. De acuerdo a una investigación hemerográfica de Arthemisas por la Equidad, los feminicidios en Nuevo León se han incrementado en un 689%, del año 2000 al 2011. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) registró un total de 176 asesinatos de mujeres de enero de 2009 a junio de 2011, a partir de la información obtenida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León.
A pesar de esta situación, la respuesta de las autoridades es deficiente y se limitan a atribuir las muertes violentas de mujeres al crimen organizado, sin presentar investigaciones para sustentar estas afirmaciones. De acuerdo al OCNF, la Procuraduría del estado determinó que de 138 casos, el 52% fueron asesinatos de mujeres resultado de la delincuencia organizada, sin embargo, únicamente tiene consignados a los homicidas en el 30% de todos los casos que reporta.
Otra situación preocupante que motivó la solicitud de dicha Alerta es el aumento en el número de mujeres desaparecidas. Cabe mencionar que aún cuando el estado de Nuevo León carece de un registro cierto y fidedigno de esta situación, de acuerdo al OCNF han desaparecido 415 mujeres y niñas en el estado, de enero de 2010 a junio de 2011. Asimismo, a partir de testimonios de familiares de mujeres desaparecidas, se han empezado a documentar este tipo de casos en varios municipios de Nuevo León, como es el caso de Apodaca.
Es importante señalar que esta sería la tercera ocasión que las organizaciones de la sociedad civil solicitan una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y que las dos anteriores –presentadas en Guanajuato y Estado de México- han sido rechazadas por el Sistema, sin argumentos jurídicos que justifiquen la negativa.
Ante la gravedad de la violencia contra las mujeres que se vive en todo el país, Arthemisas por la Equidad y el OCNF esperamos que en esta ocasión la decisión del Sistema sea acorde con la defensa de las mujeres y admita la procedencia de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, dado que existen indicios suficientes que ponen en riesgo la vida y la seguridad de las mujeres en la entidad.
Publicado el miércoles 8 de febrero de 2012
BASTA DE AGRESIONES A DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Resulta deplorable que el estado de Chihuahua demuestre nuevamente la inexistencia de garantías de protección para las mujeres víctimas de violencia y defensoras de derechos humanos. Ante la impunidad que afecta gravemente a las víctimas de feminicidio y sus familiares, el pasado viernes 2 de diciembre Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima del feminicidio, fue gravemente herida en un ataque directo contra su persona.
A dos años de la Sentencia de Campo Algodonero -que condena al Estado mexicano por la desaparición y muerte de tres mujeres adolescentes en Ciudad Juárez- y a un año del asesinato de Marisela Escobedo -defensora de los derechos humanos que dedicó su vida a buscar justicia para su hija Rubí Marisol-, el cual aún sigue impune, es indignante que continúen los altos índices de feminicidios (323 de enero a noviembre de 2011), de mujeres desaparecidas (294 casos de enero a mayo de 2011) y de agresiones a defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
Ante el preocupante incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos y sus familiares, y ante la incapacidad de los gobiernos federal y estales para impartir justicia y proteger a quienes trabajan contra la impunidad, se han emitido diversas recomendaciones exigiendo al Estado mexicano el diseño e implementación de mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras, las cuales a la fecha no han dado los resultados esperados.
Exigimos de nueva cuenta que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de proporcionar protección a quienes realizan esta labor, y que ponga fin a la impunidad que rodea los casos de agresiones y hostigamientos a defensores y defensoras en nuestro país. Las organizaciones firmantes responsabilizamos al estado de Chihuahua de estos hechos y de cualquier otro que ocurra en contra de Norma Andrade, María Luisa Andrade o cualquiera de sus familiares.
Asimismo exigimos de manera inmediata:
1. Un pronunciamiento público por parte del gobernador de Chihuahua condenando estos hechos.
2. Que el estado de Chihuahua realice las investigaciones correspondientes para localizar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del atentado en contra de Norma Andrade y evite realizar declaraciones que desestimen el caso y desvíen la investigación.
3. Al gobierno de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua la puntual atención a las medidas cautelares que no han sido garantizadas para Norma Andrade, para su hija María Luisa Andrade y para toda su familia.
4. Que el Estado mexicano celebre una reunión urgente en Chihuahua con las y los defensores de derechos humanos que cuentan con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar su cumplimiento.
5. Que el Estado mexicano diseñe e implemente mecanismos efectivos de protección para defensores y defensoras.
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO, conformado por 49 organizaciones en 19 estados de la República
RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS Y TODAS”, conformada por 75 organizaciones en 22 estados de la República
Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada
_______________________________________
Miércoles 29 de junio de 2011
BOLETÍN DE PRENSA
· OCNF celebra la aprobación de la tipificación del feminicidio en la Ciudad de México
· La tipificación aprobada garantizará el debido tratamiento a los asesinatos violentos de mujeres en el DF
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reconoce el compromiso de los 41 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que votaron a favor de la tipificación del feminicidio como un delito autónomo y de acreditación objetiva.
La tipificación aprobada es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio y sus familiares debido a que:
· Esta reforma busca, no sólo elevar las penas, sino dar un tratamiento integral y especializado a este tipo de conductas
· Da cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero
· Obliga a la creación de protocolos de investigación con perspectiva de género (resolutivo 18 de la sentencia Campo Algodonero)
· Obliga a la Procuraduría General y al Tribunal Superior de Justicia del DF a capacitar continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, ministerial y policial
· Obliga a la creación de un banco de datos de información genética de mujeres desaparecidas o asesinadas no identificadas (resolutivo 21 de la sentencia Campo Algodonero)
· Contribuye en garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los procedimientos penales, que antes de esta reforma, eran entorpecidos debido a las prácticas discriminatorias y utilización de estereotipos por los operadores de justicia
Cabe señalar que la aprobación de la tipificación responde a la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, que eleva a rango constitucional el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado Mexicano establecidas en tratados internacionales, específicamente en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.
Es importante mencionar que esta reforma es resultado del compromiso por parte del Inmujeres DF, del Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Feminicidio, el Tribunal Superior de Justicia del DF y el trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, quienes el pasado 8 de marzo presentaron la iniciativa de ley, hoy aprobada, para tipificar el feminicidio y establecer los lineamientos mínimos para la investigación eficaz de estos crímenes en la Ciudad de México.
Finalmente el OCNF hace un llamado a las entidades federativas a tipificar el feminicidio tomando como referente los tipos penales aprobados recientemente en Morelos y el Distrito Federal, los cuales son resultado del trabajo de las organizaciones y expertas en el tema en el marco del cumplimiento de la sentencia Campo Algodonero.
________________________________________________________________
Miércoles 28 de julio de 2010
BOLETÍN DE PRENSA
· Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición exigirán justicia al Ejecutivo
· Si los familiares no son recibidos por el Presidente, instalarán el campamento “Contra el feminicidio y la trata de personas exigimos Justicia”
· Estos casos evidencian la falta de cumplimiento del Estado mexicano con la sentencia del caso “Campo algodonero”
En conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y familiares de Rubí Marisol Fraire, víctima de feminicidio íntimo, y Brenda Berenice Castillo, desparecida, anunciaron que solicitarán una entrevista con el Presidente Felipe Calderón Hinojosa para exigir justicia para estos dos casos.
Los principales objetivos de esta entrevista son lograr la detención del asesino de Rubí Marisol a través de la intervención de la PGR, y establecer una estrategia con la FEVIMTRA para localizar a Brenda Berenice.
Si las madres de Rubí Marisol y Brenda Berenice no son recibidas por el Presidente, instalarán, en el Hemiciclo a Juárez, el campamento “Contra el feminicidio y la trata de personas exigimos Justicia”, en donde esperarán hasta que el Gobierno Federal les de respuesta.
Rubí Marisol Frayre Escobedo fue asesinada a los 16 años de edad por su pareja Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quién después de haber confesado su crimen y el lugar donde deposito los restos de Rubí, fue exonerado por los jueces de primera instancia. Por ello, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, integrante del OCNF, interpuso el recurso de casación (tres magistrados), logrando una sentencia condenatoria de cincuenta años de prisión, que no puede cumplirse, toda vez que el asesino huyó y la policía del estado ha sido incapaz de detenerlo, a pesar de que la madre de la víctima volvió a encontrar al asesino y avisó a las autoridades sobre su paradero.
El otro caso es el de Brenda Berenice Castillo, de 17 años de edad, quien desapareció el 06 de enero de 2009 cuando buscaba trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es posible que sea víctima de trata de personas y se sabe que no se aplicó el protocolo ALBA. Su madre Bertha García ha exigido justicia en su entidad, sin embargo no ha obtenido justicia.
Estos casos, muestran que el Estado mexicano no ha dado señales para cumplir con cabalidad la sentencia del “Campo algodonero”. Por el contrario, bajo este contexto de impunidad, continua fomentando la violación a los derechos humanos de las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas, al no cumplir con su deber de debida diligencia, e investigar de manera efectiva todos los actos de violencia contra las mujeres.
La problemática del feminicidio en México es preocupante: de acuerdo a datos proporcionados por la Secretaria de Salud del estado de Chihuahua, de marzo de 2004 a marzo de 2010, tres mil 514 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, sólo en el ámbito familiar; y de acuerdo a información proporcionada por la Procuraduría de Justicia del mismo estado, de enero de 2009 a marzo de 2010, se registraron un total de 384 homicidios dolosos de mujeres.
Hasta la fecha, el Estado ha sido incapaz de organizar su aparato gubernamental y todas las estructuras de poder para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, garantizando su vida y su seguridad.
Por ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua urgen al Gobierno Federal y al de Chihuahua realizar acciones efectivas de atención, prevención, investigación y sanción, para asegurar la eficacia de las garantías de no repetición en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Desde esta perspectiva, se pretende lograr el acceso a la justicia para todas las mujeres víctimas de todas las violencias en México.
Para mayor información, comunicarse con:
Marisela Escobedo (656)301-0916 begin_of_the_skype_highlighting (656)301-0916 end_of_the_skype_highlighting
Lucha Castro (614) 142-0352 begin_of_the_skype_highlighting (614) 142-0352 end_of_the_skype_highlighting
_____________________________________________
Jueves 13 de mayo de 2010
BOLETÍN DE PRENSA
• Indignante que el Estado mexicano minimice 2,620 feminicidios en la VI Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe
La Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, de la cual forma parte el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), considera alarmante que el Estado mexicano pretenda bloquear cualquier mención del feminicidio durante la VI Cumbre entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, cuando el feminicidio es un problema regional que no respeta fronteras geográficas, económicas o sociales, y que en un contexto de discriminación, pobreza e impunidad, está tomando formas cada vez más extremas. En el caso concreto de México es de resaltar que en los últimos tres años, el OCNF ha documentado 2,620 feminicidios en menos de la mitad del país.
Sin embargo reconocemos el interés del bloque de naciones europeas y de Brasil para incluir en la agenda de debate de la VI Cumbre el tema del feminicidio. Cabe resaltar que la Campaña Regional y diversas organizaciones que trabajan contra la violencia y el feminicidio en México y América Latina, enviaron una carta abierta a los representantes de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe que se encuentran en dicha Cumbre donde se demandó:
La adopción inmediata en la agenda de la VI Cumbre de un acuerdo de mínimos que incluya de manera transversal y específica todo lo relativo a la equidad de género, destinado a la eliminación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, y de un modo especial, del feminicidio.
Sensibilizar a la administración pública y a la población en general, en Europa y en América Latina, sobre prevención, visibilización y denuncia de la violencia de género, a través de una estrategia integral de comunicación que incluya una guía de buenas prácticas.
La asignación y fiscalización de recursos económicos específicos para la implementación efectiva de las acciones destinadas a erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y en especial los feminicidios.
La creación e implementación de un protocolo de alerta de género que condene y sancione a los países que incumplan los acuerdos internacionales relativos a la materia.
El cumplimiento efectivo de todos los compromisos internacionales, así como de la jurisprudencia aplicable relativa a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de su reparación .
La ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por parte de los estados que no lo hayan hecho.
Tipificar el delito de feminicidio a nivel internacional por medio de instrumentos vinculantes.
Es lamentable que a pesar de la existencia de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo algodonero y la reciente resolución del Parlamento Europeo relacionada con la violencia contra las mujeres y la sentencia del Campo Algodonero, el Estado mexicano invisibilice el feminicidio y no implemente acciones eficaces, como la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres y la creación de protocolos de investigación y sanción con perspectiva de género los cuales contribuirán a erradicar esta lacerante situación.
Por ello, el OCNF hace nuevamente un llamado al gobierno mexicano para que cumpla con los compromisos para respetar, proteger y garantizar la vida de las mujeres.
__________________________________
Jueves 5 de marzo de 2009
Boletín de prensa
• 246 feminicidios documentó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de agosto a diciembre de 2008
• Los estados con mayor número de mujeres y niñas asesinadas: Estado de México, Jalisco y Sinaloa
• Se insta a la FEVIMTRA a ejercer su facultad de atracción para efecto de esclarecer los casos de Feminicidio Sexual Sistémico y Sin Especificar para lograr un debido acceso a la justicia de las mujeres
• Los estados con mayor número de mujeres y niñas asesinadas: Estado de México, Jalisco y Sinaloa
• Se insta a la FEVIMTRA a ejercer su facultad de atracción para efecto de esclarecer los casos de Feminicidio Sexual Sistémico y Sin Especificar para lograr un debido acceso a la justicia de las mujeres
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presenta los resultados del reporte Una Mirada del Feminicidio en México: agosto‐diciembre de 2008, para contribuir a la detección de los asesinatos cometidos por razones feminicidas. También constituye el primero de una serie de reportes semestrales que el Observatorio realizará, con el fin de contar con un diagnóstico periódico y actualizado sobre el número de asesinatos de mujeres y niñas, en las entidades de la República Mexicana. Adicionalmente, se dará un seguimiento a los asesinatos de mujeres y niñas, y de los obstáculos enfrentados por el OCNF para acceder a la información pública de este tipo de homicidios. En los próximos reportes se dará seguimiento a los asesinatos que las procuradurías reportan para efecto de establecer el número de casos que las autoridades resuelven y dan sentencia.
El reporte incluye información de 12 estados divididos en 3 regiones: la Región Norte (Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas), Región Centro y Bajío (DF, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Tlaxcala) y Región Sur (Tabasco y Yucatán).
Con la finalidad de poder documentar los casos de feminicidio en México, se creó una base de datos la cual está conformada por diversas variables divididas en cinco categorías: variables previas, sociodemográficas‐económicas, espaciales, del crimen y de los victimarios.
El uso de las variables permite analizar las características individuales de cada víctima, la violencia a la que fue sujeta la mujer asesinada, la relación con su victimario, así como diversos indicadores que ayudan a establecer las diversas modalidades del feminicidio. A través de estas variables, se identificaron aquellos asesinatos contra mujeres por razones feminicidas en sus diversas tipologías: feminicidio íntimo, feminicidio infantil, feminicidio familiar y feminicidio sexual sistémico.
Hallazgos de la investigación
• Entre los meses de agosto y diciembre de 2008, el OCNF documentó 246 feminicidios en 12 estados de la República, de los cuales el estado de México tiene el mayor número de feminicidios reportando 94 casos, Sinaloa 56 y Jalisco 51.
• Sin embargo, el análisis de la prevalencia de los feminicidios ‐que permite estimar la magnitud del fenómeno de acuerdo con el tamaño de la población estudiada‐ revela que en 2008 los estados con el mayor número de mujeres y niñas asesinadas por discriminación y odio, fueron: Morelos (4.6) y Sinaloa (4.2), seguidos por Chihuahua (2.3), Sonora (2.3), Tabasco (2.2) y el Estado de México (2.0). Por el contrario, el
Distrito Federal (0.7) y Yucatán (0.8) son las entidades con la prevalencia más baja de feminicidio en 2008.
• La edad de las mujeres víctimas de feminicidio se mantiene en el mismo rango que el observado en el 2007 y el primer semestre de 2008, ya que la mayoría tenía entre 21 y 40 años de edad (45%).
• 6 de cada 10 casos documentados por el OCNF no registran información sobre la relación de la víctima con el victimario (59%). Los resultados muestran que las mujeres son víctimas de sus parejas íntimas en un 22% y por algún familiar en un 11%.
• El Feminicidio sin Especificar sigue representando una de las cifras más significativas en la investigación del OCNF, ya que asciende al 40% de los casos analizados. Ello se debe a que no se registra de manera sistemática y estandarizada información fundamental de la investigación de un crimen, como las causas y motivos del asesinato, los actos violentos cometidos contra la víctima, y la identidad del agresor.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio insta a las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres ámbitos de aplicación a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:
▪ El OCNF recomienda al Congreso Federal a retomar de manera urgente la propuesta de tipificación del feminicidio presentada al Congreso Federal en diciembre de 2008.
▪ Debido al elevado porcentaje del Feminicidio Sexual Sistémico y del Feminicidio sin especificar en la base de datos del OCNF, se insta a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) a ejercer su facultad de atracción para efecto de esclarecer estos casos y lograr un debido acceso a la justicia a las mujeres víctimas de feminicidio.
▪ Es urgente que mediante el Sistema Nacional consolidado a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, se modifique el apartado referente a asesinato de mujeres, y se conforme un Banco de Datos Nacional de Feminicidio, que incluya variables completas sobre el crimen, con el objeto de diseñar acciones y políticas que erradiquen este grave problema.
▪ Se recomienda la capacitación del personal encargado de la investigación y procuración de justicia, en temas como la investigación criminal, la perspectiva de género, la violencia de género y los derechos humanos, para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del feminicidio y a las mujeres que enfrentan otras formas de violencia de género.
▪ Tomando en cuenta que la investigación criminal es la base para lograr un acceso a la justicia en los casos de feminicidio, es necesaria la conformación de protocolos relativos a la investigación que garanticen el trato y el seguimiento de los asesinatos de mujeres.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Conformado por 43 organizaciones en 17 estados del país
Para mayor información comunicarse con: Sandra Fosado al
5554‐5748 ext. 20 o al 04455‐3989‐6074
BOLETÍN DE PRENSA
-Luz Esthela Castro, defensora de derechos humanos de las mujeres, recibe amenazas