Con motivo de los festejos de la toma de Juárez, se ha previsto la visita de Felipe Calderón a nuestra ciudad el día de hoy. El grupo de articulación Justicia en Juárez consideramos a Felipe Calderón persona non-grata. Además, sostenemos que hoy, como el 10 de Junio en que celebraremos el Pacto Nacional Ciudadano, Felipe Calderón no es, ni será bienvenido en Juárez. Aquí algunas de nuestras razones:
En febrero del 2010 la Sra. Luz Ma. Dávila, madre de dos de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar dijo a Felipe Calderón --durante la instalación de las mesas de diálogo Todos Somos Juárez-- que no era bienvenido por llamar a sus hijos pandilleros, y le exigió justicia. Ante la exigencia de la Sra. Dávila, y su denuncia de que afuera un grupo de jóvenes que se manifestaban en contra de la militarización en la ciudad eran golpeados y detenidos por miembros del estado mayor presidencial, un grupo de mujeres le dio la espalda al Sr. Calderón.
En ese mismo evento, un grupo de defensoras, denunciamos las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las y los juarenses. Felipe Calderón respondió con un emplazamiento a las organizaciones a presentar pruebas. Sin embargo, dichas organizaciones fueron excluidas durante la segunda reunión por lo que no hubo respuesta gubernamental a las denuncias de ejecución extrajudicial y desaparición forzada documentados y presentados en fechas posteriores a la Secretaría de Gobernación.
Además, durante el foro de Balance de Plan Todos Somos Juárez y Sentencia de Campo Algodonero realizado a finales del año pasado, organizaciones como Casa Amiga Esther Chávez Cano, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comité Médico Ciudadano, Frente Plural Ciudadano, Inclusión y Equidad, Red de Infancia en Juárez, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Redes Universitarias y Plan Estratégico calificamos a la estrategia “Todos Somos Juárez” como un ejemplo de la exclusión legitimada a través de un programa de gobierno que invisibiliza a jóvenes, adolescentes, desaparecidas, migrantes y mujeres en general, ya que no atiende los graves impactos que causa la violencia generalizada en esa ciudad fronteriza a dichas poblaciones.
Los efectos globales de la violencia generalizada en Ciudad Juárez dejan al descubierto que la estrategia “Todos Somos Juárez” atiende a las preocupaciones de los grupos de poder, además de servir para justificar la muerte violenta de los y las ciudadanos por medio de la estigmatización y prejuzgamiento con que el gobierno de Felipe Calderón alude a ellas.
A un año de la sentencia emitida por la Corte Interamericana las organizaciones, grupos de defensoras hemos llamado la atención a los tres niveles de gobierno porque simulan cumplir con las obligaciones que tienen con los derechos humanos. La sentencia del Campo Algodonero es un ejemplo de que el estado mexicano ignora sus obligaciones legales ya que el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sólo se ha traducido en omisiones y la profundización de la discriminación como la que viven las mujeres. Por ejemplo, en julio del 2010, Marisela Escobedo salió de Ciudad Juárez y recorrió 2000Km de distancia para pedir audiencia a Felipe Calderón, éste NO se la concedió. El mes de Diciembre pasado, Marisela fue asesinada a las afueras de las puertas del Palacio de Gobierno, cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí.
Ante los terribles agravios de la reciente política Estatal de seguridad que soslaya su principal responsabilidad de proteger la integridad y la vida de la población, la sociedad civil organizada nos hemos manifestado permanentemente para denunciar la impunidad, la simulación y la violencia que el propio Estado genera en nuestra contra. De esta política son partícipes el gobernador del estado, César Duarte y Héctor Murguía, alcalde de Juárez cuyo secretario de seguridad, Julián Leyzaola, ha sido señalado y llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los delitos de tortura.
Por lo anterior, Felipe Calderón solo será recibido en Juárez para pedir perdón a las madres de mujeres asesinadas a las que tanto él, como Cesar Duarte y Héctor Murguía, están obligados a pedir tal como lo marca la Sentencia Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Grupo de articulación Justicia en Juárez.
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