viernes, 25 de febrero de 2011

Comunicado

Pronunciamiento

24 de febrero, 2011

REDIM exige al Estado Mexicano, en particular al Gobierno del Estado de Chihuahua,

investigación y justicia ante el homicidio de tres niñas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con fuentes periodísticas, la noche del miércoles 23 de febrero, un grupo armado atacó a seis niñas y niños mientras jugaban en el patio de una vivienda, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el hecho, perdieron la vida tres niñas Esmeralda L., Karen y Briseida B. de 12,14 y 15 años respectivamente.

Consideramos que el Estado Mexicano, particularmente el Estado de Chihuahua, en sus diferentes niveles de gobierno, debe actuar con rapidez y contundencia ante lo ocurrido. Un registro hemerográfico de muertes realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), da cuenta de que a nivel nacional en los cincuenta y cinco días transcurridos del año 2011, se han contabilizado 52 muertes de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, datos oficiales señalan que en 2008, la tasa de homicidio en la población de 15 a 17 años de edad fue de 8 defunciones por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta cifra se incrementó casi 6 veces en el estado de Chihuahua, mientras que en ese mismo año, en Ciudad Juárez fue 10 veces mayor.

Un análisis preliminar de la REDIM sobre la tasa de homicidio adolescente, entre 2008 y 2009, muestra que a nivel nacional ésta subió de 8 a 11 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que en el Estado de Chihuahua se registró una tasa (75) 7 veces mayor a la media nacional (11), sobre la misma población adolescente.[1] Cabe destacar que Chihuahua es el único estado que hasta el momento no cuenta con una Ley de Derechos de Niñas y Niños.

SINAIS, Base de datos de defunciones 1979-2009.

Ante esta situación exhortamos al Estado Mexicano a retomar las Recomendaciones que diera a conocer el pasado 4 de febrero, el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC-UN) con respecto al Protocolo Facultativo sobre la Participación de Niños en Conflictos Armados” en las que señala que: “El Comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños víctima (alrededor de 1000 en los últimos 4 años) como resultado de la lucha contra el crimen organizado, violaciones de derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas”

Ante ello, el Comité insta al Estado Parte a que:

a. Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o asesinados en la lucha del Ejército y las fuerzas policiacas contra los grupos armados no estatales;

b. Investigue todos los delitos cometidos contra los niños y se asegure que las cortes civiles tengan jurisdicción sobre los delitos contra los niños (…);

c. Evite la impunidad, asegurándose que los responsables sean procesados y sancionados

Resaltamos que las recomendaciones también señalan que “De conformidad con el artículo 8, párrafo 2, el Comité pide al Estado Parte que, en sus próximos informes periódicos relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que habrán de presentarse a más tardar el 20 de abril de 2011, incluya más información sobre la aplicación del Protocolo Facultativo y estas observaciones finales.” (CRC/C/OPAC/MEX/CO/14 Febrero 2011)

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

56.01.62.78

Mail / Messenger

direccion@derechosinfancia.org.mx

miércoles, 23 de febrero de 2011

Nombran a fiscal vs feminicidios en Edomex

La Procuraduría local informó que Italy Desiree Ciani Sotomayor fue nombrada titular de la Subprocuraduría Especializa en Delitos Contra Mujeres, por acuerdo del gobernador Enrique Peña Nieto

Notas
El Universal

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que por acuerdo del gobernador Enrique Peña Nieto, Italy Desiree Ciani Sotomayor fue nombrada titular de la Subprocuraduría Especializa en Delitos Contra Mujeres.

Con base a los datos de la PGJEM, Ciani Sotomayor es mexiquense por nacimiento, obtuvo el título de licenciada en Derecho, además de ser experta en materias como Oralidad y Medidas Cautelares.

Al respecto, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que opera un grupo especializado para investigar homicidios dolosos en contra de mujeres, así como también se revisan cada una de las averiguaciones para acelerar el proceso correspondiente.

Agregó que la PGJEM esta en etapa de selección del personal que cubrirá las 200 plazas autorizadas para la subprocuraduría mencionada. Indicó que de los tres Centros de Justicia, anunciados recientemente por el gobernador Peña Nieto, se encuentra en construcción el primero en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Mientras que los otros dos restantes están en etapa de proyección, correspondiendo a los municipios de Amecameca y Toluca.
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Guanajuato: anuncian reforma penal y consultas para tipificar feminicidio

Carlos García y Javier Valdez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 21 de febrero de 2011, p. 39

El Congreso de Guanajuato hará una reforma integral al Código Penal del estado y prevé discutir la tipificación de delito de feminicidio, como señala la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con los crímenes del Campo Algodonero, en Chihuahua, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del órgano legislativo, Gerardo Trujillo Flores.

El 15 de febrero se inició el primer periodo de sesiones del Poder Legislativo de Guanajuato, y la tipificación de los crímenes de odio contra mujeres se debatirá con el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, al igual que con el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, adelantó el también líder de la bancada del Partido Acción Nacional, que es mayoritaria.

El Código Penal será revisado por los tres poderes de Guanajuato, en especial lo relativo al homicidio en razón de parentesco, que incluye delitos como infanticidio y parricidio, añadió.

Oliva Ramírez informó que pidió al procurador estatal de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, que inicie “el análisis correspondiente de esta corriente en favor de los derechos humanos de las mujeres, y tipificar el asesinato de una mujer como feminicidio”, afirmó.

Agregó que Guanajuato avanza en los temas de género, como parte de una política integral de defensa de las mujeres. Desde 2008 se han registrado en Guanajuato 129 feminicidios, según las organizaciones no gubernamentales (ONG) Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y el Centro Las Libres. En 2008 hubo 40 crímenes de este tipo, de los cuales 61 por ciento quedaron impunes; en 2009 fueron asesinadas 44 mujeres, y en 47 por ciento de los casos no se castigó a los responsables; en 2010 hubo 40 muertes, con un nivel de impunidad de 53 por ciento, y en lo que va de 2011 suman cinco casos, detallaron las ONG.

viernes, 18 de febrero de 2011

Pronunciamiento de Pan y Rosas ante el ataque a Malú García Andrade

Repudiamos la persecución contra la compañera y luchadora contra los feminicidios

La casa de Malú García Andrade fue incendiada, ella es presidenta de la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”, una luchadora incansable contra los feminicidios. La semana pasada fue incendiada la casa de otra activista, Sara Salazar.

Malú García, es hermana de Lilia Alejandra García Andrade, joven de 17 años, asesinada en febrero de 2001, con 17 años de edad y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida siete días después. Malú junto con su madre, Norma Andrade y con Marisela Ortiz, es uno de los pilares de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Su lucha, incansable, primero por justicia para Alejandra, y luego, por la unidad entre los familiares de otras víctimas, el seguimiento de los casos, la exigencia de justicia, el reconocimiento de los feminicidios como un problema existente en nuestro país. Nuestras Hijas de Regreso a Casa adquirió un reconocimiento internacional y numerosas organizaciones sociales en el mundo reconocen su lucha.

Durante casi una década, esta organización y los que la conforman, ha sufrido amenazas y persecución política. Actualmente con el aumento de los ataques contra los luchadores sociales en Chihuahua y otros estados, la militarización y el crimen organizado, las agresiones van en aumento y en cada caso se teje una maraña de hechos difíciles de esclarecer, sobre todo, por el marco de impunidad en el que se dan los ataques.

La madrugada de hoy (17 de febrero), fue incendiada la casa de Malú, por el ataque de un grupo armado, ubicada en el cruce de las calles Tamaulipas y Oscar Flores, de la colonia Colinas de Juárez.

Malú se encontraba en un campamento en apoyo a la familia Reyes Salazar, frente a la Fiscalía de Justicia en la Zona Norte, cuando sucedió el ataque a su domicilio. Aunque afortunadamente ella había salido de esa casa, por amenazas previas que había recibido.

El siniestro se suma al ocurrido el pasado martes, cuando fue atacada la vivienda de Sara Salazar (madre de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, quienes tienen una semana desaparecidos).

La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, se pronuncio por el castigo a los responsables de los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, en muchas ocasiones han anunciado que no cesarán su lucha contra los asesinatos de mujeres en todo el país

Las compañeras de Pan y Rosas nos solidarizamos con esta organización, además, con todas las activistas, feministas y luchadoras por justicia del estado.

Proponemos a todas las organizaciones de mujeres del país, feministas, activistas y organizaciones de los derechos humanos, externar nuestro repudio a este atentado y salir a las calles en defensa de Malú García Andrade y de Nuestras Hijas de Regreso a Casa

Proponemos implementar una campaña nacional contra los feminicidios y reunirnos para discutir acciones contra la impunidad

Exigimos juicio y castigo para los asesinos de Marisela Escobedo y Susana Chávez

Presentación con vida de los hermanos Salazar

Basta de feminicidios en todo el país. Basta de impunidad

Alto a la militarización del país

Agrupación Pan y Rosas

www.panyrosasmex.blogspot.com

jueves, 17 de febrero de 2011

Cargada de prejuicios, investigación de feminicidio en Edomex

 Incluye peritajes psicológicos que fomentan discriminación: ANAD

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 16 feb 11 (CIMAC).- El Protocolo de
Investigación del Delito de Homicidio desde la
Perspectiva del Feminicidio, del Estado de México
abre nuevamente la puerta a la impunidad en los
casos de asesinatos dolosos contra mujeres, ya
que está cargado de estereotipos y criterios de
discriminación, afirmó el abogado David Peña Rodríguez.

En entrevista con Cimacnoticias, el integrante de
la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
(ANAD) informó que en un análisis del documento
encontraron que el protocolo tiene la perspectiva
de género “en frase”, toda vez que excluye la
atención de las condiciones de violencia
estructural, social e institucional en contra de las mujeres.

El abogado destacó que el protocolo de
investigación tome en cuenta el llamado “síndrome
de la mujer maltratada” (cuando la víctima
considera la violencia como “natural”, luego de
haberla padecido de manera reiterada), aunque
­criticó­ el mecanismo no lo considera como un
agravante para aplicar una mayor pena al agresor.

“El síndrome de la mujer maltratada se tiene que
considerar en una investigación de feminicidio,
toda vez que si la víctima lo padecía por ende no
pudo defenderse, lo cual es un agravante del
asesinato”, advirtió Peña Rodríguez.

Lamentó que el protocolo de investigación deje
abierta la posibilidad de no investigar un
feminicidio, si se descubre que la mujer agredida
recurrió al suicidio al encontrarse en un
callejón sin salida ante la violencia de que es víctima.

“Eso es gravísimo en un protocolo de esa
naturaleza, específico y especializado”, observó el miembro de la ANAD.

Peña señaló como otro elemento negativo del
protocolo mexiquense a la llamada necropsia
psicológica (perfil del comportamiento emocional
de la víctima a partir de testimonios de
familiares y personas por ella conocidas).
Explicó que esa necropsia es un elemento
criminalístico de la investigación “sumamente
peligroso”, toda vez que se elabora a partir de
estereotipos y criterios subjetivos.

La necropsia psicológica se aplica en
investigaciones de muertes dudosas, es decir que
pudieron ser suicidios y no asesinatos.

“Evidentemente cada opinión va cargada de los
prejuicios, estereotipos y de la imagen que las
personas tenían de la víctima”, precisó Peña Rodríguez.

Agregó que esa técnica no puede ser un peritaje
científico, ya que no está acorde con la
rigurosidad que implica un peritaje
criminalístico, balístico o de medicina forense,
ya que se realiza a partir de criterios
subjetivos y de la propia interpretación que haga
el psicólogo o la psicóloga de la información que recibió.

“Entonces al ser tan subjetivo no puede
considerarse como un elemento técnico o pericial
y el protocolo en el Estado de México lo incluye
como un elemento técnico pericial”.

El protocolo de Edomex se estableció para
catalogar, investigar y dar con el presunto
responsable de un homicidio doloso contra una mujer.

Consta de 36 pasos y tres listas de control, con
el objetivo de reunir todas las pruebas en 24
horas, además contempla los pasos que deben
seguir las y los policías ministeriales, el
agente del Ministerio Público y los peritos en
general para esclarecer los asesinatos contra mujeres.

A pesar de que desde 2009 ese protocolo está en
aplicación, el Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio (OCNF) registró que en cinco años del
gobierno de Enrique Peña Nieto han sido
asesinadas 922 mujeres. En 523 de los asesinatos
(56.7 por ciento) se desconoce quién es el asesino.

11/GTR/RMB

Ocupa Sonora cuarto lugar en violencia de género

Periódico Expreso, 17 febrero 2011


Aumentan feminicidios

JUEVES, 17 DE FEBRERO DE 2011 04:00 JESÚS A. IBARRA

E-MAIL

Ocupa Sonora cuarto lugar en violencia de género (Foto: Especial / EXPRESO)

Al menos 83 feminicidios se registraron en Sonora de enero de 2009 a junio de 2010, casi el diez por ciento de un total registrado de 890 casos en ese periodo en el país.

Según el reporte “La situación del feminicidio en México” el estado se situó en la cuarta posición entre once entidades monitoreadas, incluidas Quintana Roo, Jalisco, Sinaloa y el Estado de México.

En el documento se destaca que el 41 por ciento de las víctimas tenía entre 11 y 30 años, y persiste un alto grado de impunidad, pues apenas en el 4.49 por ciento de los casos registrados se había logrado obtener una sentencia.

Se añade que la mayoría de las mujeres asesinadas desarrollaban sus actividades diarias en espacios públicos; esto las colocó en mayor riesgo y vulnerabilidad ante los victimarios.

Los datos fueron registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y confirman que un gran número de mujeres son asesinadas con el uso excesivo de la fuerza física y crueldad. Esta organización civil denuncia la violencia brutal cometida en contra de las mujeres y tiene presencia en la mitad de México, pero sólo ha podido dar seguimiento al fenómeno en once entidades federativas.

De la mayoría de los estados no se tienen registros porque ni siquiera las procuradurías locales aportan información, lo cual provoca indisponibilidad de estadísticas para establecer una metodología y cuantificar adecuadamente el feminicidio, lamentó el OCNF.

El reporte del observatorio fue preparado para ser expuesto ante el Congreso de la Unión el pasado 25 de noviembre. Otro estudio comparativo, presentado el 15 de enero por la Procuraduría de Justicia del Estado de México, situó a Sonora como la cuarta entidad con mayor número de feminicidios por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 2.3 casos.

CIFRAS DEL ONCF

Número de homicidios dolosos de mujeres de enero de 2009 a junio de 2010

Entidad Víctimas totales

1.- Estado de México 309

2.- Sinaloa 125

3.- Tamaulipas 109

4.- SONORA 83

5.- Jalisco 83

En total fueron 890 feminicidios en once estado

FUENTE: “La situación del Feminicidio en México” (2010)

OCFN en Internet: http://goo.gl/AsmoN

Violencia de género en cifras

30% de las víctimas desarrollaban actividades económicas fuera del hogar

58% de los casos implicaron un alto grado de violencia

5 de cada diez mujeres son encontradas en la vía pública

20.22% de los casos la víctima conocía, o tenía una relación con su agresor

50% de los casos las procuradurías no proporcionaron información

Estados con más incidencia según Inegi en 2009

Chihuahua: 13.09

Baja California: 10.11

Guerrero: 10.07

Durango: 7.10

Sinaloa: 6.00

Sonora: 5.09

Feminicidios a la alza

Datos de la PJEM indican que durante 2009 el primer lugar en feminicidios absolutos lo ocupó el Estado de México, pero en el cuarto por proporción poblacional se situó Sonora.

Entidad Víctimas Por cada 100 mil habitantes

1.- Quintana Roo 13.7

2.- Baja California 3.2 3

3.- Sinaloa 2.6

4.- SONORA 2.3

5.- Michoacán 78 1.9



miércoles, 16 de febrero de 2011

Insiste OCNF en declarar Alerta de Género en Edomex

-- Plan anunciado por Peña Nieto es “superficial”

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 15 feb 11 (CIMAC).- La coordinadora
ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada,
calificó como insuficientes las medidas
anunciadas por el gobernador del Estado de
México, Enrique Peña Nieto, para combatir la
violencia contra las mexiquenses y reiteró su
exigencia de que se declare la Alerta de Género en la entidad.

En entrevista con Cimacnoticias, Estrada Mendoza
advirtió que las acciones anunciadas con bombo y
platillo reflejan que Peña Nieto reconoce la
gravedad del feminicidio en el Edomex (donde en
cinco años de su gobierno han sido asesinadas 922
mujeres), por lo que –urgió- el caso tendría que
revisarse de fondo para “impactar de manera real”
y no de manera superficial con la creación de un “aparato novedoso”.

Ayer, como parte de las conclusiones del Foro de
Desarrollo Integral y Plena Participación de la
Mujer, realizado el 1 y 2 de febrero, Peña Nieto
presentó un programa para combatir la violencia
de género en el Edomex, el cual consiste de cinco
ejes: marco legal, fortalecimiento institucional,
infraestructura de apoyo, mayor sensibilidad y
eficacia gubernamental, y el impulso de un “cambio cultural”.

El gobernador anunció la creación de la
Subprocuraduría para la Atención de Delitos
vinculados a la Violencia de Género, la cual
sustituirá a la actual Fiscalía especializada.

María de la Luz Estrada dijo que con lo anunciado
por el mandatario mexiquense “no queda claro por
qué se rechazó el pasado 11 de enero iniciar una
investigación sobre el feminicidio en la entidad”.

Ese día, el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (integrado por dependencias
federales y los institutos estatales de las
mujeres) negó que se iniciara una investigación
del feminicidio en el Edomex y eventualmente
declarar una Alerta de Violencia de Género (AVG).

Las organizaciones de mujeres y Derechos Humanos
se ampararon el 3 de febrero contra la resolución
del Sistema Nacional, a quien acusaron de
“partidizar” la votación sobre la AVG para no
perjudicar políticamente a Peña Nieto. El amparo sigue en trámite.

La coordinadora del OCNF consideró que las
autoridades mexiquenses estan actuando “al
revés”, es decir, “primero se debió realizar una
investigación de fondo del problema y a través
del resultado implementar las medidas y acciones
concretas a favor de las mujeres”.

No es posible que un plan de acciones contra el
feminicidio provenga de un foro en el que
participaron especialistas que no conocían de
manera específica la problemática del Edomex y
hablaron en general de la violencia contra las mujeres en el país, criticó.

La especialista recalcó que es necesario elaborar
un diagnóstico real, que muestre las deficiencias
en el sistema mexiquense de justicia para poder
corregirlas. De lo contrario, observó, “este
proceso se vicia al no entrar de fondo al
problema y las mujeres continúan sin acceso a la justicia”.

Abundó que al faltar un diagnóstico no se sabe
dónde ésta la falla para que en 523 asesinatos
(56.7 por ciento de los 922 registrados de 2005 a
2010) se desconozca quién es el asesino. En
cambio, propuso crear un equipo forense
especializado y que haya una coordinación de
subprocuradurías para tener registros e investigaciones claras.

De lo contrario, subrayó, te quedas como en el
caso de Ciudad Juárez, localidad que cuenta con
toda la estructura contra la violencia hacia las
mujeres, y aún así siguen siendo asesinadas en total impunidad.

María de la Luz Estrada apuntó que estará al
pendiente del paquete de reformas legales que
presentará Peña Nieto en marzo próximo, y el cual
contempla modificaciones y adiciones a los
códigos Penal y de Procedimientos Penales, a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

Esas eventuales reformas consideran la inclusión
del concepto de “violencia feminicida”.

11/GTR/RMB/LGL

martes, 15 de febrero de 2011

Lucha contra el narcotráfico invisibiliza asesinatos contra mujeres

CDHDF

Boletín 49/2011

12 de febrero de 2011

En México aún hay leyes que atenúan los delitos de violencia contra las mujeres; en Chihuahua cada 20 horas es asesinada una mujer y la lucha contra el narcotráfico ha causado que el Gobierno federal invisibilice los asesinatos contra el sector femenino.

Lo anterior fue expresado por defensoras de derechos humanos al participar en la mesa El Feminicidio en Ciudad Juárez, enmarcado en el “2° Seminario Nacional Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

En un evento realizado en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Consultora Especial del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), María de la Paz López Barajas, consideró que la impunidad en las acciones de violencia contra las mujeres inicia con su invisibilidad.

Apuntó que el Estado es responsable del impacto de las normas que se crean, y en ese sentido de la difusión de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

López Barajas advirtió que en el país aún existen leyes que atenúan los delitos de violencia contra las mujeres.

“Por eso hablamos de una violencia estructural y que va mucho más allá de la esencia cultural, ya que tiene que ver con cómo se conforma el aparato de justicia, pues todavía encontramos delitos por razones de honor e incluso casos en los que se exceptúa éste cuando el perpetrador se casa con la víctima”, subrayó.

Reconoció que hay esfuerzos en algunas entidades para modificar los Códigos Penales a fin de resarcir las atrocidades contra el sector femenino, aunque apuntó que a pesar de los flamantes cambios “se conservan elementos de discriminación contra las mujeres”.

Reiteró la importancia de contar con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, dijo, es un lujo para Latinoamérica, pero que se debe de generalizar entre la sociedad para inhibir la violencia feminicida.

Por su parte, la abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas, A.C., Lucha Castro, apuntó que durante 2010 en Chihuahua se registraron 443 feminicidios, de los cuales 306 sucedieron en Ciudad Juárez.

Denunció que los responsables de impartir justicia todavía discriminan y utilizan estereotipos que limitan las investigaciones en los delitos contra las mujeres, y aseguró que los asesinatos de niñas y mujeres en Ciudad Juárez han sido emblemáticos a nivel local e internacional por la negligencia, opacidad y falta de resultados en las indagaciones.

La fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, AC, y abogada de la extinta luchadora social, Marisela Escobedo, reiteró su postura de que el feminicidio de ésta última se trató de un crimen de Estado.

En tanto, la integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, A.C, (OCNF), María de la Luz Estrada, aseguró que en los últimos seis años se han registrado más de 6 mil homicidios contra mujeres en el país y que de 1993 a 2007 en Ciudad Juárez fueron asesinadas de forma brutal 573.

Manifestó que en la actualidad la lucha contra el narcotráfico, la violencia extrema y el ambiente generalizado de inseguridad han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, pues de enero de 2009 a junio de 2010 su organización documentó 1,728 feminicidios en 18 entidades federativas.

En ese sentido, lamentó que a 17 años de que el Estado reconoció los feminicidios contra mujeres no cuente con información precisa sobre la violencia hacia este sector.

A su vez, la abogada de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C., Andrea Medina Rosas, criticó la simulación del Estado mexicano al plantear en el ámbito internacional que sí cumple con los tratados internacionales en materia de los derechos humanos.

Advirtió que el no atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres lleva a generalizarla y a que otros grupos en condiciones de vulnerabilidad también se vean afectados.

“La impunidad, la invisibiización y la simulación también se está dando ahora con respecto a las y a los jóvenes y a las y los migrantes”, recalcó.

a mesa El Feminicidio en Ciudad Juárez del “2° Seminario Nacional Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC. Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, fue moderada por la Presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, AC, Gloria Ramírez.

martes, 1 de febrero de 2011

Falla ley contra el feminicidio

Acuatro años de haber sido promulgada, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es considerada "inoperante" por organismos civiles. Chihuahua y BC, con los más altos índices: INEGI

ALARMA. En el marco de la ley a favor de las mujeres, grupos civiles han solicitado que se active el mecanismo de alerta de género en tres entidades: Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México. La Secretaría de Gobernación rechazó las peticiones.

31 de enero de 2011

Liliana Alcántara
El Universal

liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso se ha querido utilizar con fines políticos.

Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia, acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunos estados de la República.

Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia.

Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país no cuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aún hay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violencia doméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a la pareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan el asunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a las mujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado de México, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.

Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.

En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.

De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungió como secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres se incrementó de 1.81 a 10.11.

La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestiona que la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y con fines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave —si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios como Chihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.

El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de este delito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69).

¿Para qué la ley?

Datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares (2006) señalan que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad han padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.

Apenas el viernes pasado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa recibió el reporte de un caso de violencia doméstica en Mazatlán, que culminó con el asesinato de la víctima.

Según testimonios de los vecinos, la pareja discutía minutos antes de que Laura Ríos, de 19 años de edad, fuera encontrada sin vida en el interior de su departamento con las heridas provocadas por los golpes que le propinaron con un tubo. Su pareja huyó.

El problema de la violencia doméstica, dice Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que ya no se reduce al ámbito del hogar, “precisamente porque no hay mecanismos adecuados de atención, ahora son hechos que salen a la luz pública pero porque desgraciadamente, en muchos de los casos, las mujeres llegan a perder la vida, y cuando es un patrón que se repite entonces hay que poner una alerta roja porque hablamos de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres por su condición de género y eso ocurre en la mayor parte del país”, dijo la académica.

La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en los últimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.

Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento en la incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional, dice que precisamente por toda esta numeralia que da cuenta de la violencia que viven las mujeres en el país fue que se requería de la promulgación de una ley que estableciera una serie de parámetros y políticas públicas encaminadas a solucionar este fenómeno cultural que es considerado por el gobierno mexicano como un asunto de salud pública.

“Esta ley es una de las más importantes en la región latinoamericana, es un referente en la lucha de las mujeres contra la violencia de género porque abarca todos los tipos de violencia, no sólo la doméstica. Ahora, lo que se necesita es que opere”, reitera.

Es inoperante, dice, porque apenas el año pasado todos los estados del país cuentan con una ley estatal en la materia, y porque aún Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen un reglamento que permita saber a las autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo para atender la problemática.

Rechazos a declaratoria

A nivel federal, agrega Estrada, hay una serie de obstáculos que impiden la aplicación de mecanismos como la llamada alerta de género.

La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de género funciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y cuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así lo soliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría de Gobernación.

El Observatorio Nacional ha presentado tres solicitudes para que se declare la alerta de género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México.

“En el caso de Oaxaca no se decretó porque nos dijeron que no teníamos pruebas suficientes, y que requerían más datos y testimonios, pero les recordamos que la alerta se debe declarar para que ellos investiguen y no nosotros”, explicó Estrada.

En Oaxaca, según información del INEGI, la incidencia de homicidios en 2009 fue de 3.82, superior a la media nacional, que es de 3.52.

“En Guanajuato la solicitamos para el caso de las mujeres que abortaban por violación y eran encarceladas, y la Secretaría de Gobernación rechazó declarar la alerta diciendo que se violaba la soberanía del estado”.

“Y en el caso del Estado de México también se rechazó a pesar de que dimos toda la información disponible”. Dicha organización informó que entre 2006 y 2009 fueron asesinadas 680 mujeres, y sólo en 76 de los casos se emitieron sentencias.

“La alerta de género es un mecanismo novedoso porque es una medida de protección comunitaria, pero por desgracia se ha politizado, y las autoridades se niegan a decretarla por intereses partidistas y electorales”.

María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, dice que en el caso de Guanajuato no se aprobó la alerta porque se hizo un análisis comparado de la legislación sobre aborto, “y querían que se legislara como en el Distrito Federal”.

Dimensionar el problema

La investigadora de la UNAM Regina Montero duda de la eficacia de políticas públicas si no se sabe cuál es la dimensión real del problema, y si no se parte de una base de información que permita localizar los puntos rojos que hay que atender.

La ley general establece para ello la conformación de un Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Dispone que dicho banco deberá integrarse 365 días después de la conformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El sistema llevó a cabo su primera sesión el 11 de mayo de 2007, por lo que hay tres años de retraso.

María Elena Álvarez, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres —instancia que ocupa precisamente la secretaría ejecutiva de ese sistema—, dice desconocer qué tan avanzada está la conformación del banco de datos. “Nuestro Centro de Información y Documentación está en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública... les preguntaremos cómo va”.

Lamenta que la violencia contra las mujeres no haya disminuido a pesar de la existencia de una ley federal, aunque asegura que un avance es que el problema ahora sea más visible.

“No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueran más mujeres víctimas de la violencia en este país”, considera Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.