Eduardo Alonso
20 de marzo 2011
10:53
Para Alfredo Castillo Cervantes, procurador de justicia del Estado de México, haber endurecido las penas de 20 a 40 y hasta 70 años de prisión contra aquellas personas que cometan un asesinato doloso contra una mujer, es un elemento que contribuirá a disminuir este tipo de delitos en la entidad.
El titular de la Procuraduría mexiquense anunció que en próximos días, áreas de difusión de la institución emprenderán una intensa campaña para que los mexiquenses se enteren del riesgo que hoy representa privar de la vida a una mujer o simplemente agredirla incluso con una cachetada, pues se sancionará de forma severa.
“Vamos a hacer una labor de difusión importante. En primer lugar: el riesgo que tiene hoy para una persona el cometer un feminicidio porque la pena la estamos comparando al delito de secuestro cuando se causa la muerte”, expresó.
La determinación de diputados locales y autoridades estatales para elevar la pena que sanciona el feminicidio en un 250% y doblar el castigo cuando se registran agresiones contra una mujer, fue críticado por especialistas, quienes sostienen que castigar con más severidad un delito no implica, necesariamente, que éste disminuya, como ha pasado con el secuestro, pues se sigue presentando e incluso ha aumentando.
Pero para el procurador mexiquense el escenario del feminicidio o agresión contra mujeres es otro, pues la mayoría de los autores son familiares o personas cercanas a la víctima y cuando se enteren de las duras sanciones, estarán conscientes de que se meterán en un serio problema judicial si agreden a una persona del sexo femenino. “Si estamos hablando de una relación cercana entre víctima-victimario, que puede ser la pareja, hay manera de hacerles llegar la información y que ellos estén conscientes que hoy una cachetada puede ser caucionable porque es una lesión primera, pero el día de mañana ya será una lesión agravada y va tener que enfrentar al aparato judicial. Creemos que esto disminuirá la incidencia”, opinó.
El pasado jueves, diputados locales aprobaron adecuaciones al Código Penal y leyes relacionadas con los derechos de las mujeres, a través de las cuales se estableció que el feminicidio sea un delito a sancionarse de 40 a 70 años de cárcel y el agresor será recluido forzosamente, entre otras cosas.
http://www.eluniversaledomex.mx/toluca/nota14454.html
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PGJEM justifica pocas sentencias por feminicidios
Ni el Ministerio Público ni los jueces son responsables del atraso en la resolución de los casos, se trata simplemente de "cuestiones procedimentales"
Teresa Montaño
08 de febrero 2011
08:37
El bajo índice de sentencias contra feminicidas por parte de jueces penales locales se debe a cuestiones de procedimiento jurídico que tienen que ver con los derechos de los presuntos responsables, justificó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alfredo Castillo Cervantes.
Además, admitió que al cierre del 2010 sólo se habían emitido 146 sentencias, a pesar de que de septiembre de 2005 a diciembre del 2010 se reportaron —de acuerdo a cifras del reciente Foro de Mujeres— un total de mil 122 asesinatos de mujeres, de los cuales, en cifras redondas, solo 150 casos están cerrados al 100%.
En breve entrevista y al ser cuestionado sobre las razones por las cuales se tienen tan bajos índices de sentencias en este tipo de delito, el funcionario estatal sostuvo que se trata de "los derechos que tiene el imputado o el probable responsable de desahogarse".
Rechazó, sin embargo, que este rezago en la resolución de los asesinatos de mujeres en la entidad, sea responsabilidad de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ya que cada proceso debe cumplir con los plazos que contempla la ley.
"Ustedes pueden estar por cerrar un proceso penal y a punto de cerrar sentencia se pueden ir a la apelación o se pueden ir al amparo, y en el amparo, una vez resuelto —que tarda meses— se pueden ir la revisión y después de ésta, con la primera sentencia, a la apelación y otra vez al amparo directo", señaló.
El procurador mexiquense agregó que estos plazos se refieren a "derechos que tienen los probables responsables", por lo que el ministerio público no puede presionar los tiempos.
Insistió que ni el Ministerio Público ni los jueces son responsables del atraso en la resolución de los casos y reiteró que se trata simplemente de “cuestiones procedimentales”, que se establecen en las leyes y códigos.
Además, al ser cuestionado sobre la situación del 65% de asesinatos a mujeres en los que no se conoce quién fue el agresor, el funcionario admitió que muchos se han resuelto, por lo que aún se encuentran trabajando.
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