Todo empieza con un cadáver de por medio*

Los feminicidios en Morelos

Xochitl Celaya Enríquez-Leonardo Bastida Aguilar-enviados

Carla Yannely López Hernández. Fotografía proporcionada por sus familiaresYautepec, Morelos, diciembre 03 de 2010.

Calor, balnearios, diversión, regocijo, eterna primavera, casas con alberca, son parte de las ideas comunes que se tienen sobre el estado de Morelos. Es difícil imaginar que en esta entidad, repleta de espacios de esparcimiento, se suscita un alto índice de asesinatos contra mujeres, 300 en 10 años, al grado de convertirse en una entidad con altos índices de violencia de género, realidad que las esferas gubernamentales desean silenciar.

Con mordidas en diversas partes de su cuerpo, signos de violencia sexual en ano y vagina, y la cabeza destrozada a pedradas, fue hallado el cadáver de Carla Yannely López Hernández el 12 de diciembre de 2009.

De ocho años de edad, Carla salió de su casa a comprar las tortillas a las ocho de la mañana. A pesar de que había una tortillería a la vuelta de su casa, su madrastra, Nancy Dircio, decidió enviarla a una ubicada a 45 metros. En el camino, sus vecinos, Uzziel Ticarte García de 18 años, Israel Abarca Pérez, de 19 y Jesús Salgado Díaz de 26, la abordaron y la llevaron a una casa ubicada a las orillas del poblado, a escasos metros de la oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos (PGJEM) delegación Yautepec.

Alrededor de las 14:00 horas su abuelo, José Hernández Estrada, comenzó a buscarla. Nadie daba razón de ella. Horas más tarde, vecinos del lugar le indicaron a Hernández que su nieta fue hallada en una casa vacía donde solían acudir muchachos de la comunidad a drogarse. Don José relata la pesadilla de aquel día y pide un vaso de agua para pasar el trago amargo que le provoca recordar a su niña “chipilona”. Sus ojos se llenan de lágrimas, se quita los lentes y da un trago a su vaso antes de continuar. A casi un año de la muerte de Carla, aún niega que haya sido verdad. Aquella tarde se negó a entrar a la escena del crimen. Los vecinos le comentaron que el cadáver “nadaba” en sangre.

Meses atrás, don José había solicitado al Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Morelos la custodia de sus nietas Carla Yannely y Karen Janeth porque consideraba que su padre Jesús López y su madrastra Nancy Dircio las descuidaban. Hace seis años, su hija Nelly Hernández Varela había fallecido en un accidente, por lo que ayudó a su yerno con el cuidado de sus nietas cuando éste decidió partir a los Estados Unidos. A su regreso, decidió llevárselas a vivir con él.

Sin embargo, en cada visita, las niñas se quejaban del descuido del que eran víctimas. Tras varias visitas por parte del DIF a las niñas y determinar que efectivamente no se les brindaban los cuidados necesarios, la delegada de la procuraduría de defensa del menor y la familia de la delegación Yautepec del DIF, Eunice Cruz, determinó que Carla y Karina vivirían tres días de la semana con su padre y tres con sus abuelos.

“Las matan por infieles”

El caso de Carla no fue el único que se presentó en diciembre pasado. En El Tezcal, zona natural protegida, encontraron el cadáver de una mujer de 17 años. Ella estudiaba cultura de belleza. Salió de la escuela una tarde de noviembre y nadie la volvió a ver hasta un mes después, cuando se encontró su osamenta en el paraje. A 500 metros de distancia se encontró su bata. En las investigaciones, la PGJEM indicó que el novio les dijo que “ella andaba con muchos al mismo tiempo”; a él no lo detuvieron porque no tenían “pruebas suficientes”. Hasta ahora el único avance real es que se pudo localizar el cadáver.

Adriana Mújica Murias, activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Morelos, explicó que la postura de la Procuraduría es que a las mujeres las matan por “putas e infieles”, debido a que “han perdido valores y se ponen en situación de riesgo”.

Añadió que incluso el DIF Morelos, ante los casos de violencia intrafamiliar, exhorta a las mujeres a perdonar a sus esposos o parejas para que “no destruyan su familia”.

Impunidad de asesinos

A principio del año se registró el asesinato de una mujer de 50 años en su domicilio en Cuernavaca; su familia prefirió no revelar su identidad. Después de descartar el robo como móvil del asesinato, las investigaciones arrojaron que el culpable fue uno de sus vecinos con quien tenía una relación amorosa que había concluido meses antes.

Las autoridades judiciales dieron algunos números telefónicos a los familiares de la víctima con el fin de que en caso de “ver” al victimario, llamaran y acudieran agentes especializados a detenerlo. Los familiares comentaron que la primera vez que marcaron al teléfono les dijeron que aún no había orden de aprehensión. Días después les confirmaron que ya se había girado pero dejaron de contestarles las llamadas.

En otro caso, el 2 de octubre pasado la Fiscalía de Homicidios de Mujeres y Delitos Sexuales de la PGJEM –creada en 2005– presentó las pruebas para que se dictara sentencia en contra de Gil Tapia Rendón, quien asesinó a puñaladas a su pareja, Raquel Lagunas López de 23 años, después de una discusión al interior de su hogar. De acuerdo con la investigación, Lagunas López había reportado desde hace años ante el Ministerio Público que era víctima de violencia intrafamiliar.

Cifras proporcionadas por la PGJEM señalan que este año se han registrado 14 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales se han resuelto ocho. De acuerdo con el Comité contra el Feminicidio en Morelos (Cocofem) son 40 en 2010 y 300 desde 2000. La dependencia morelense sólo registró 23 el año pasado y logró capturar a 12 culpables, a ninguno le dictaron sentencia.

Mújica Murias indicó que existe un desprecio por parte de las autoridades ya que el titular de la PGJEM, Pedro Luis Benítez Vélez, en muchas ocasiones expresó “que no iba a atender a esas”, en referencia a las integrantes del Cocofem.

La también integrante de este comité explicó que las autoridades judiciales dan por resuelto un caso cuando encuentran al culpable, sin esperar a que se le consigne y se le dicte sentencia. Nunca toman en cuenta las denuncias de violencia intrafamiliar. “Lo más grave es que todo empieza cuando hay un cadáver de por medio”.

Desinterés de autoridades

Desde el 5 de diciembre de 2007 entró en vigor en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, la cual advierte en su artículo 3 que se ciñe a “todos los mecanismos, medidas, protocolos y disposiciones que deriven de esta ley y busquen eliminar las diversas modalidades y tipos de violencia contra las mujeres… así como los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano”.

Sin embargo, la página de internet del Cocofem indica que a pesar de la aprobación de la Ley, el Reglamento derivado de ésta no se ha publicado no obstante que el gobierno estatal pagó a una consultora privada alrededor de 800 mil pesos para realizarlo.

Estas leyes, surgidas de la suscripción de México a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), tienen como finalidad propiciar los ambientes y contextos favorables para que la mujer no sea vulnerable. Marcela Lagarde, ex legisladora e impulsora de esta ley en el ámbito federal, en el marco de una evaluación de la legislación, indicó que sus principales fundamentos son respetar la vida de las mujeres, su integridad física, psicológica y moral, la libertad y la seguridad de las personas, no ser sometidas a tortura y respetar la dignidad inherente a las personas y a la protección de su familia, además de garantizar que las mujeres no sean víctimas de discriminación.

Al respecto, Angélica Alfarache, de la Comisión Especial de Feminicidio del Congreso de la Unión, mencionó que mientras en Morelos no se publiquen los reglamentos correspondientes a esta ley y no se modifiquen los códigos Penal y De Procedimientos locales, es imposible erradicar la violencia ya que las entidades mandan el mensaje de no estar interesadas en garantizar la vida de las mujeres.

Añadió que esta ley surgió para que las mujeres tengan acceso a todos los derechos como la salud, trabajo, participación política, libertad, seguridad, lo cual sería “la mejor política de prevención de violencia en todos los niveles”.

Dañan la imagen del estado

Desde hace algunos meses, grupos de la sociedad civil en defensa de los derechos de la mujer denunciaron que la prensa morelense dejó de publicar noticias sobre feminicidios. Al respecto, Adriana Mújica aseveró que las mismas autoridades han dicho que revelar esos hechos “daña la imagen del estado y espanta al turismo”.

Letra S solicitó entrevistas con la Fiscalía de Feminicidio de la PGJEM, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, Lucero Benítez, y la titular del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos. Al cierre de la edición ninguna dependencia respondió a la solicitud.

Mientras tanto, don José acude cada mañana a la finca donde trabaja. Como la mayoría de las personas de Yautepec, labora en las “casas nuevas”, que sólo son ocupadas los fines de semana por sus dueños. Tiene dos esperanzas: que se dicte sentencia en contra de los victimarios de su nieta y que el DIF le otorgue la custodia de Karen, ya que teme que por un descuido “también se la vayan a matar”.

*Publicado en el número 173 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 2 de diciembre de 2010