Acuerdan generar políticas públicas para prevenir los casos de feminicidios
Martes, 06 de Julio de 2010 00:00
CUERNAVACA. Tras el registro de 14 feminicidios en lo que va del año, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acordaron generar políticas de atención a favor de las mujeres e impulsar esquemas de prevención.
Los representantes de ambas instituciones se reunieron la tarde de este lunes y analizaron los diferentes problemas que enfrentan las mujeres en cuanto a violencia, en muchos casos proveniente de sus propias parejas.
Durante la reunión sostenida en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, se acordó generar sistemas preventivos e incluso sanciones más severas para quienes cometan abusos contra las mujeres, en un intento de erradicar la violencia contra las mujeres.
Las autoridades de la PGJE, la Secretaría de Seguridad y el Instituto de la Mujer insistieron en la urgente necesidad de disminuir las diferentes problemáticas que aquejan al género.
Incluso, los funcionarios coincidieron en la importancia de contar con trabajos encaminados a erradicar la violencia contra las mujeres, como uno de los sectores más vulnerables de la sociedad en el estado.
Durante el primer encuentro se estableció la necesidad de sumar a los presentes esfuerzos al Poder Judicial para que de manera alineada se puedan trazar estrategias de atención como de sanción a quienes vulneren las garantías individuales, sociales y naturales de las mujeres.
Para la segunda reunión programada para este mes, las autoridades acordaron que la Procuraduría presente las estadísticas del primer semestre del año sobre la incidencia delictiva en contra de mujeres y los casos que se han sido resueltos. A partir de este momento se pretenden generar nuevas estrategias y trabajos de coordinación en beneficio de las mujeres que sufren de violencia desde el seno familiar.
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Diputados buscan indemnización a familia de casos en Juárez
Reportan 676 mujeres desaparecidas en 10 años; más de la mitad, jóvenes
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Lunes 5 de julio de 2010, p. 16
En la última década, 676 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en el país; de ellas, 64.2 por ciento tenían entre 10 y 24 años de edad al ocurrir la desaparición, informó la presidenta de la comisión especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que de las 676 mujeres desaparecidas a nivel nacional, 10 por ciento fueron vista por última vez en compañía de su novio; 50 por ciento salieron de su casa y no regresaron; tres por ciento fueron a otro estado y se desconoce su paradero; cuatro por ciento fueron sustraídas a la fuerza; uno por ciento se dirigieron a Estados Unidos, y otro tres por ciento fueron a una fiesta y ya no volvieron.
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Alto el índice de feminicidios en Michoacán
El Sol de Morelia
4 de julio de 2010
Elida Ochoa Isais
Morelia, Michoacán.- La entidad es en el país con mayor incidencia de feminicidios, a los que se llega mediante diversos tipos de violencia "extrema" denunció la diputada local Gabriela Molina Aguilar, quien consideró necesaria la "revisión" del Código Penal del Estado y de los delitos del fuero común y federal.
La titular de la comisión de Grupos Vulnerables y Equidad de Género explicó que el concepto "feminicidio" aún está en construcción, y que con él se busca la generación de estadísticas cuantitativas y cualitativas que "nos permitan reconocer la dimensión real del problema e instrumentar medidas jurídicas, administrativas y presupuestales para los tres poderes y niveles" de gobierno, mismas que se centren en los ámbitos "educativo, salud, desarrollo social, seguridad pública, así como procuración e impartición de justicia".
Tras aclarar que las muertes con violencia contra las féminas comprenden suicidios y homicidios, la legisladora informó que esta entidad es parte de la gama de estados con mayor incidencia de feminicidios:
"El Edomex concentra el 24% de los homicidios femeninos ocurridos en el país, y el Distrito Federal uno de cada diez suicidios, pero la incidencia de muertes violentas muestra que la frecuencia de estos hechos es más alta en Chihuahua, donde ocurren 31 muertes violentas por cada 100 mil mujeres, le siguen Zacatecas con 30; Michoacán con 27; Jalisco, Nayarit y Sonora con 26 decesos cada uno; y en Baja California, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala ocurren 25 muertes femeninas por causas violentas".
Mientras que las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar en el país se concentran principalmente en 10 entidades: "Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, Edomex, Colima, Nayarit y Baja California".
Por esas razones la perredista informó que la comisión a su cargo trabaja en una iniciativa de reforma al Código Penal, a fin de "intensificar un modelo legislativo que se traduzca en mecanismos jurídicos género-específicos con los que se supere la neutralidad que legitima el sexismo, la discriminación y el ejercicio del poder en los que se presenta la impunidad y la corrupción".
Explicó que el proyecto también se refiere a los derechos humanos como "marco para salvaguardar las garantías de legalidad y tipicidad", que den como resultado la configuración de una "normatividad penal específica al tema de la violencia que afecta a las mujeres".
Por otro lado, aseguró que en los ámbitos gubernamentales federal y estatal se dieron "pasos importantes" para dar atención al problema de los feminicidios, ya que actualmente las instituciones de salud en cada entidad registran la atención de casos de violencia, el Servicio Médico Forense registra muertes violentas de las mujeres, el INEGI y el Conapo tienen investigaciones en el país sobre algunos aspectos parciales de la problemática de la violencia.
Además, la Procuraduría General de la República y las procuradurías estatales "crearon Fiscalías Especializadas para la Atención a los Delitos de Violencia Familiar y Sexuales", en las cuales los Ministerios Públicos que reciben las denuncias y configuran los expedientes, así como los Centros de Readaptación Social, registran a quienes purgan penas por diversos tipos de violencia contra las mujeres.
Inclusive en los últimos 10 años fueron creados "en algunas entidades y municipios, institutos o secretarías de la Mujer" que reciben denuncias de violencia contra este género, empero reconoció que en los resultados de todas estas instancias "todavía no se avanza como quisiéramos y debiéramos", ni se cuenta con los recursos correspondientes para su operación. (R)
CASOS
Los siguientes casos llevan a reconocer y comprender algunos elementos relativos al feminicidio y a la violencia feminicida en Michoacán, así como la gravedad de la misma:
Caso 1. A finales del mes de marzo de este año Belén Chagolla Herrera, de 27 años de edad, madre de cinco hijos, dedicada al hogar, fue golpeada brutalmente por su esposo, causándole lesiones graves que ponen en riesgo su vida y que implican hospitalización con una valoración médica en calidad de estado crítico con diagnóstico reservado; sólo 24 horas después entró en coma y dos semanas después murió. El agresor huyó, con sus hijos, y hasta el momento, pese a los esfuerzos de la Procuraduría, aún no ha sido detenido.
Caso 2. Ana Isabel Velasco Rico fue ejecutada; su cuerpo presentaba diversas lesiones por arma de fuego, en la pierna izquierda, en el seno izquierdo, en el antebrazo derecho y un rozón en el rostro a la altura de la mejilla, en su lado derecho. Al ser encontrada en un camino de terracería, tras realizar las actuaciones de ley y levantamiento de pruebas periciales las autoridades de la PGJE, vía el agente del Ministerio Público, determinaron el levantamiento del cuerpo y su envío al Semefo para ser identificada por sus familiares.
Caso 3. los primeros días de mayo pasado falleció María Lamberta Rodríguez, de 35 años, con un embarazo a término; el motivo de su fallecimiento: supuesta negligencia médica por parte del Hospital Vasco de Quiroga, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que ella asistió a recibir atención porque ya estaba por nacer su bebé, sin embargo, como no presentaba "síntomas de alumbramiento" el personal médico decidió no atenderla, bajo el argumento de que todavía no le tocaba dar a luz, situación que provocó el fallecimiento de la bebé y por ende el de la madre. Al solicitar su esposo la necropsia de ley supo que le habían sido retirados los órganos de la matriz y los ovarios, situación que no fue informada ni aclarada debidamente por esta institución de salud. Cabe señalar que su esposo presentó la denuncia correspondiente en la Procuraduría General de Justicia del Estado y una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, situación jurídica que hasta el momento no ha sido resuelta.
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