Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 29 feb 12 (CIMAC).- Madres de las víctimas del feminicida César Armando Librado Legorreta, alias “El Coqueto”, junto con madres de jóvenes desaparecidas y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas (CATWLAC, por sus siglas en inglés), exigieron la renuncia del procurador del Estado de México, Alfredo Castillo.
Luego de la fuga del asesino confeso de siete mujeres –tres de ellas menores de edad–, las madres acusaron al funcionario de “incompetencia e ineptitud” para resolver los casos de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas y asesinadas en la entidad mexiquense.
Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, denunció que de enero de 2011 a lo que va de 2012 se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría estatal obtenidos por la organización civil Anticorrupción vía acceso a la información.
A pesar de ello, el 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de mujeres) se opuso a que se iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex, y eventualmente se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG).
Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven 16 años víctima de “El Coqueto” y desaparecida el 26 de noviembre de 2011, narró su vía crucis con las autoridades mexiquenses y cómo ante su inacción, ella misma y su familia prefirieron indagar por su cuenta para dar con el paradero de su hija.
Contó cómo a petición de ella, el primero en ser interrogado fue el novio de la joven, y luego cómo recibía llamadas en las que le decían dónde podía estar su hija.
“Los agentes me acompañaban a las direcciones, que siempre eran casa en obra negra o abandonadas, pero me esperaban en el auto mientras yo entraba a buscarla”, relató. Cuando salía, los agentes ministeriales únicamente le preguntaban “¿qué pasó? ¿la encontró?”.
Fue Amparo quien señaló que quien plagió a su hija podía estar en la ruta de microbuses, ya que la última vez que se le vio fue al abordar el microbús de la ruta 2 que manejaba su asesino, pero esto no se investigó hasta la denuncia que realizó la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida. “Las muertes de las otras jovencitas se pudieron haber evitado”, lamentó.
Amparo Vargas agregó que el cuerpo de su hija permaneció por varios días en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sin ser identificada, y que nadie le notificó que había un cuerpo. Fue ella quien por iniciativa propia accedió a la Unidad de Homicidios e identificó a su hija.
Teresa Ulloa reveló que la Fiscalía de Feminicidios de la PGJEM tiene el cuerpo de una víctima más de “El Coqueto”, la cual aún no ha sido identificada y tiene entre 20 y 25 años de edad.
Abundó que esa fiscalía tiene el cuerpo de otra mujer no identificada de entre 30 y 35 años, que aunque no forma parte de esta indagatoria, no ha podido ser identificada por la misma procuraduría. La activista señaló que se presume la existencia de 20 violadores seriales en el estado.
Al respecto, Iván Monroy, padre de María José niña robada el 21 de septiembre de 2010, agregó que uno de estos asesinos es Heyser Crespo García, quien está preso en el reclusorio de Cuautitlán Izcalli.
Crespo García fue detenido y sentenciado por intentar asesinar a la esposa de Monroy y por la violación de una menor de edad que lo identificó. El delincuente confesó haber violado a otras seis mujeres que no lo han denunciado, ya que su caso no se presentó ante los medios de comunicación, dijo Monroy.
“Crespo fue quien sustrajo a mi hija y confesó haberla asesinado, sin embargo su cuerpo no ha sido localizado por lo que solicitamos que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la Republica. Ya es investigado como delito de trata con fines de adopción”, detalló.
En situación similar está el caso de Ivonne Ramírez Mora, joven de 22 años desaparecida en mayo de 2001. Su madre, Leticia Mora denunció la serie de omisiones en el caso y que cuando se hallan cuerpos no se le informa para verificar si alguno es o no el de su hija.
Agregó que ante la ineptitud de las autoridades mexiquenses ella también ha realizado investigaciones, las cuales ya atrajo la PGR.
El estudio “Feminicidios en México. Aproximaciones, tendencias y cambios: 1985-2009”, elaborado por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 el Edomex pasó del séptimo al noveno lugar en la tasa de violaciones denunciadas ante el Ministerio Público.
La incidencia de violaciones sexuales es de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48 por ciento por arriba del promedio nacional.
Ulloa informó que hasta el momento, la PGR ha atraído 15 casos de mujeres mexiquenses desaparecidas en los que coadyuva la CATWLAC.
Además adelantó que se acudirá con la presidenta de la Comisión de Feminicidios, Teresa Incháustegui, para solicitarle apoyo para solicitar nuevamente una declaratoria de AVG en la entidad.
Abundó que el caso del feminicidio en el Edomex se presentará en junio próximo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y que se llevarán algunos casos particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
12/GTR/RMB
Luego de la fuga del asesino confeso de siete mujeres –tres de ellas menores de edad–, las madres acusaron al funcionario de “incompetencia e ineptitud” para resolver los casos de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas y asesinadas en la entidad mexiquense.
Teresa Ulloa, directora de la CATWLAC, denunció que de enero de 2011 a lo que va de 2012 se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidio, según datos de la Procuraduría estatal obtenidos por la organización civil Anticorrupción vía acceso a la información.
A pesar de ello, el 11 de enero de 2011 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (integrado por dependencias federales y los institutos estatales de mujeres) se opuso a que se iniciara una investigación del feminicidio en el Edomex, y eventualmente se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVG).
Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia, joven 16 años víctima de “El Coqueto” y desaparecida el 26 de noviembre de 2011, narró su vía crucis con las autoridades mexiquenses y cómo ante su inacción, ella misma y su familia prefirieron indagar por su cuenta para dar con el paradero de su hija.
Contó cómo a petición de ella, el primero en ser interrogado fue el novio de la joven, y luego cómo recibía llamadas en las que le decían dónde podía estar su hija.
“Los agentes me acompañaban a las direcciones, que siempre eran casa en obra negra o abandonadas, pero me esperaban en el auto mientras yo entraba a buscarla”, relató. Cuando salía, los agentes ministeriales únicamente le preguntaban “¿qué pasó? ¿la encontró?”.
Fue Amparo quien señaló que quien plagió a su hija podía estar en la ruta de microbuses, ya que la última vez que se le vio fue al abordar el microbús de la ruta 2 que manejaba su asesino, pero esto no se investigó hasta la denuncia que realizó la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida. “Las muertes de las otras jovencitas se pudieron haber evitado”, lamentó.
Amparo Vargas agregó que el cuerpo de su hija permaneció por varios días en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) sin ser identificada, y que nadie le notificó que había un cuerpo. Fue ella quien por iniciativa propia accedió a la Unidad de Homicidios e identificó a su hija.
Teresa Ulloa reveló que la Fiscalía de Feminicidios de la PGJEM tiene el cuerpo de una víctima más de “El Coqueto”, la cual aún no ha sido identificada y tiene entre 20 y 25 años de edad.
Abundó que esa fiscalía tiene el cuerpo de otra mujer no identificada de entre 30 y 35 años, que aunque no forma parte de esta indagatoria, no ha podido ser identificada por la misma procuraduría. La activista señaló que se presume la existencia de 20 violadores seriales en el estado.
Al respecto, Iván Monroy, padre de María José niña robada el 21 de septiembre de 2010, agregó que uno de estos asesinos es Heyser Crespo García, quien está preso en el reclusorio de Cuautitlán Izcalli.
Crespo García fue detenido y sentenciado por intentar asesinar a la esposa de Monroy y por la violación de una menor de edad que lo identificó. El delincuente confesó haber violado a otras seis mujeres que no lo han denunciado, ya que su caso no se presentó ante los medios de comunicación, dijo Monroy.
“Crespo fue quien sustrajo a mi hija y confesó haberla asesinado, sin embargo su cuerpo no ha sido localizado por lo que solicitamos que el caso lo atrajera la Procuraduría General de la Republica. Ya es investigado como delito de trata con fines de adopción”, detalló.
En situación similar está el caso de Ivonne Ramírez Mora, joven de 22 años desaparecida en mayo de 2001. Su madre, Leticia Mora denunció la serie de omisiones en el caso y que cuando se hallan cuerpos no se le informa para verificar si alguno es o no el de su hija.
Agregó que ante la ineptitud de las autoridades mexiquenses ella también ha realizado investigaciones, las cuales ya atrajo la PGR.
El estudio “Feminicidios en México. Aproximaciones, tendencias y cambios: 1985-2009”, elaborado por la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 el Edomex pasó del séptimo al noveno lugar en la tasa de violaciones denunciadas ante el Ministerio Público.
La incidencia de violaciones sexuales es de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48 por ciento por arriba del promedio nacional.
Ulloa informó que hasta el momento, la PGR ha atraído 15 casos de mujeres mexiquenses desaparecidas en los que coadyuva la CATWLAC.
Además adelantó que se acudirá con la presidenta de la Comisión de Feminicidios, Teresa Incháustegui, para solicitarle apoyo para solicitar nuevamente una declaratoria de AVG en la entidad.
Abundó que el caso del feminicidio en el Edomex se presentará en junio próximo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y que se llevarán algunos casos particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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