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Ante el rechazo del Sistema Nacional para Prevenir , Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en tres entidades del país, activistas de 43 organizaciones acudirán a la CEDAW.
María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a más de 43 Organizaciones de la Sociedad Civil de 17 estados de la República, dijo que el mecanismo, que debería servir para proteger la vida de las mexicanas, no funciona “porque está viciado y politizado”.
Por ello, dijo, acudiremos al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), donde denunciaremos la ineficacia del Estado mexicano para proteger la vida de las mujeres en Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
Agregó que aquí se minimiza la violencia contra las mujeres, “por lo que hemos considerado informar al Comité que la situación es grave y que la autoridad no quiere investigar. Haremos el planteamiento de estos tres casos dentro del marco de la negativa para activar la AVG y subrayar que es un problema grave”, recalcó.
Recordó que apenas el año pasado el Estado mexicano en su informe al Comité de la CEDAW, “planteó la AVG como un mecanismo novedoso e importante para la atención y erradicación de la violencia, pero en los hechos, vemos que es un mecanismo que no funciona”, agregó Estrada.
Además hace más de un año, la Secretaría de Gobernación se comprometió con la misión del Comité a reformar el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de evitar los vicios en el proceso de la activación de la AVG, sin que hasta el momento se haya cumplido.
En los tres casos, el OCNF denunció que el Sistema Nacional ha violentando los artículos 6 y 8 constitucionales, al negar el acceso a la discusión a las peticionarias, a pesar de saber que es el único momento que ellas tienen para conocer los argumentos de las y los integrantes del Sistema, quienes determinarán la procedencia o no de la AVG.
México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981, y ese mismo año entró en vigor. México ha presentado sólo seis informes periódicos sobre la aplicación de esa convención.
Aunque la CEDAW establece que los reportes periódicos deben entregarse en tiempo y forma, el séptimo informe de México debió haberse presentado en 2002, pero lo hizo hasta 2006, es decir con cuatro años de retraso. Finalmente nuestro país entregó dos reportes, el séptimo y el octavo, en septiembre de 2010.
Es precisamente sobre los informes 7 y 8 que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres preparan el “informe sombra”, el cual esperan presentar antes de junio o julio próximos cuando se realice la sesión sobre México.
El OCNF informará sobre el rechazo de la activación de las AVG en Guanajuato, Edomex y Nuevo León.
La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008.
El Sistema Nacional, integrado por los Institutos Estatales de Mujeres y las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, y Educación Pública, entre otras, es el que decide si la AVG se activa o no.
El 20 de julio de 2009 el Sistema Nacional rechazó la solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas constitucionales que prohíben en su totalidad el aborto y que dan un trato diferente a las mujeres de esta entidad.
En enero de 2011, el Sistema negó la solicitud de AVG para el Estado de México a fin de investigar la ola de asesinatos dolosos que en cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) sumaron 922, según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM).
Finalmente, el pasado 8 de febrero el mecanismo rechazó iniciar una investigación para conocer la situación de los asesinatos dolosos de mujeres en Nuevo León, que según organizaciones civiles suman 548.
Estos hechos no les parecen suficientemente graves (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar las investigaciones; hay una total carencia de argumentos jurídicos que justifiquen su decisión, así como un desconocimiento de la Ley General, criticó Luz Estrada.
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