martes, 9 de noviembre de 2010

Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres

México, DF, a 8 de noviembre de 2010


visita México

Actuación “insuficiente” del gobierno mexicano en lucha contra violencia de género y feminicidio

No se garantiza a las mujeres su derecho a la vida y no hay acceso a la justicia

Presentarán hoy y mañana situación en Mesoamérica a Procuraduría, CNDH, Seguridad Pública y Gobernación

La actuación del gobierno mexicano en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio es “insuficiente”, ya que no garantiza el derecho a la vida de las mujeres y tampoco su acceso a la justicia, prueba de ello, es que en los últimos tres años de los mil 67 asesinatos violentos registrados, sólo 3.7 por ciento de los casos recibieron una sentencia.

Afirmaron lo anterior en conferencia de prensa, integrantes de la Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana” --académicas, investigadoras, abogadas y activistas— al iniciar su visita a México, que tiene como propósito plantear una agenda mínima a las autoridades mexicanas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

En su exposición, Victoria de Pablo, del Consejo General de la Abogacía Española, afirmó esta mañana que “el gobierno mexicano no está suficientemente implicado en la lucha contra la violencia de género y contra el feminicidio; está políticamente desvinculado y oculta esta realidad, lo que permite que miles de mujeres sean asesinadas impunemente en el país cada año”.

Por su parte, Julia Monárrez a nombre de la Misión Internacional, enfatizó que luego de consultar la información oficial y de entrevistarse con las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio, detalló que en México, a diferencia de Nicaragua y Honduras --países que visitaron la semana pasada-- la problemática es “especialmente preocupante”.

Ello, se debe a la “alta militarización, la cual como pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha servido para encubrir el tema del feminicidio”.

Por su parte, Marta Eugenia Solís representante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, señaló que el balance de los tres países, México destaca por su incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

A diferencia de Nicaragua y Honduras, la impunidad en México también es más alarmante, ya que al contar con una mayor capacidad política y económica se esperaría que el acceso a la justicia fuera mayor, pero no es así, denunció.

De acuerdo con María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 entidades federativas de la República Mexicana, de los cuales sólo 13 estados proporcionaron información suficiente para determinar que existen mil 74 feminicidios y que sólo en 40 casos las autoridades han dictado sentencia. Los estados de Chihuahua y Veracruz no proporcionaron información de ninguna de las variables solicitadas por el observatorio para definir si se trata de este delito los casos registrados en esas entidades.

Del total de asesinatos violentos, informó la coordinadora de la OCNF, sólo en 40 las autoridades han dictado sentencia.

Al respecto, Victoria de Pablo mencionó que tal grado de impunidad es posible por la ausencia de registros globales, la “defectuosa investigación de los hechos” y la criminalización de las víctimas.

“Con el alto nivel de ineficiencia en la investigación y sanción de los crímenes contra las mexicanas, se envía un mensaje de impunidad, pues finalmente el agresor queda libre, éste impacta sobre todo a núcleos rurales, indígenas, generando en las familias de las víctimas sentimientos de impotencia y desamparo, así como desconfianza de las instituciones públicas”, indicó la especialista.

En este escenario, la diputada federal Teresa Incháustegui, presidenta de la Comisión Especial para darle seguimiento al feminicidio en México de la Cámara de Diputados, señaló que la Misión Internacional presentará 10 puntos para que se retomen en todo el país retomados de la sentencia del caso Campo Algodonero, que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado mexicano, a funcionarias y funcionarios con quienes se entrevistarán los próximos dos días.

Entre las puntualizaciones están el registro homologado y suficiente de las víctimas, para poder identificarlas, también un banco genético que permita reconocer los cuerpos con base en la información genética de las familias.

De igual modo, mencionó la necesidad de establecer un mecanismo inmediato de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Entre los puntos retomados de la sentencia de la CoIDH, emitida el año pasado por el caso de tres de los ocho cuerpos encontrados en el predio Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, también está la creación de protocolos de investigación, así como la capacitación y sensibilización permanente para el personal de justicia.

Otras de las puntualizaciones que presentarán ante las autoridades del país son la tipificación del delito de feminicidio y campañas de respeto a los derechos de las mujeres, con la finalidad de “desmontar esa cultura de maltrato” a las mujeres, señaló Teresa Incháustegui.

La Misión Internacional se reunirá hoy con funcionarios de la Procuraduría General de la República, y mañana martes con representantes del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Gobernación.

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