Marisela Escobedo, líder de Justicia para Nuestras Hijas, asesinada frente al palacio de gobierno de Chihuahua, reclamaba pacíficamente la detención del asesino de su hija Rubí Marisol Frayre (joven de 16 años, asesinada en agosto del 2008).
Esta manifestación es parte de las acciones que activistas realizarán en los estados de la República y a la que países de Latinoamérica y el Caribe se han sumado para exigir a las autoridades poner fin a la impunidad que prevalece en los crímenes cometidos contra las mujeres en México y en la región.
Acudieron al acto simbólico Francisco Manuel Córdova Celaya, Secretario de Seguridad Pública y Martín Robles Armenta, encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia.
Los servidores públicos manifestaron el interés de la actual administración en atender de forma integral la problemática de la violencia contra las mujeres, impulsando entre otras acciones fortalecer con recursos humanos y técnicos la unidad especializada para investigar los homicidios de mujeres en Sinaloa. Córdova Celaya ofreció la creación de un área dentro de la Secretaría de Seguridad Pública para impulsar políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres; revisar caso por caso la situación de las mujeres presas por motivos de delitos contra la salud; asimismo, la situación de las hijas e hijos de las mujeres asesinadas.
Ana Lidia Murillo, presidenta de la Asociación Sinaloense de Universitarias, manifestó que se está trabajando la propuesta del Centro de Justicia para las Mujeres que funcionaría como ventanilla única para atender las denuncias de las mujeres víctimas de algún delito de género, así como trámites de pensiones alimenticias, entre otros servicios que demandan y no encuentran una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades.
Abundó que en México, apenas el 0.4 por ciento de los delitos en contra de las mujeres reciben castigo, por lo que resulta necesario crear los Centros de Justicia para las Mujeres y dar respuesta inmediata a la situación que enfrentan, en donde se combinan todos los aspectos desde el médico, psicológico y legal; asimismo, ser el espacio que permita la coordinación interinstitucional para la prevención y atención integral de la violencia de género.
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